La Audiencia Provincial de Huesca ha desestimado el recurso de apelación presentado por el padre de Naiara, la niña de 8 años fallecida en Sabiñánigo por una brutal paliza de su tío político por no saberse la lección, en el que pedía la imputación de la madre de la víctima, Mariela Benítez, al considerar que no hay indicios suficientes de criminalidad por parte de ella en los hechos ocurridos. La Fiscalía no se había opuesto a la solicitud del padre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, en el auto hecho publico este jueves, los magistrados consideran que no procede la declaración de la madre de Naiara, en calidad de investigada, por lo que desestiman el recurso de apelación interpuesto por el padre de la menor, Manuel Adolfo Briones, contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaca. Con esta ya son cinco veces las que se ha rechazado esta solicitud, entre el Juzgado y la Audiencia, y esta vez la decisión es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Los magistrados recuerdan al recurrente que el 25 de octubre de 2018, en otro trámite del mismo procedimiento, la sala ya declaró en un auto que “no había lugar a la declaración en calidad de investigada de la madre de la víctima” y en este sentido siguen considerando “que no hay indicios suficientes de una participación criminalmente relevante de la madre de la víctima en los referidos hechos, por lo que debemos mantener el criterio ya expresado en su día”.

La Fiscalía argumentó que, si el tribunal acordaba que la madre de Naiara debía prestar declaración, debía hacerlo en calidad de investigada y no de testigo, como forma más acorde con la protección de sus derechos.

Sobre la petición del recurrente para que se realice una nueva exploración a las dos menores amigas de la víctima, entiende el tribunal que “solicitar la intervención de las menores en repetidas diligencias judiciales, teniendo en cuenta que han sufrido una experiencia traumática, supone una amplificación del perjuicio causado a quienes tienen la condición de víctimas”.

Por último rechazan también que se llame a declarar a las autoridades municipales, al personal del centro docente donde la víctima cursaba sus estudios y a los trabajadores de los servicios sociales de la zona, al considerar que en la causa “ya obran diligencias de carácter personal y documental que han podido ser tenidas en cuenta y que ya han servido para decidir sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento”. Por ello, consideran innecesaria la práctica de nuevas declaraciones respecto a estas personas.

Luis Marín, el abogado de la madre de Naiara, ha mostrado su satisfacción por la resolución de la Audiencia de Huesca, que considera "lógica" porque ya se había pronunciado en el mismo sentido en otro auto. "Era imposible que se admitiera porque no habían aparecido pruebas nuevas", ha subrayado. Ahora, espera que la representación legal del padre de la niña deje de insistir de una vez en su petición y ha recordado que en la última vista ya solicitó al tribunal que le apercibieran por repetir el mismo recurso.

Una vez cerrado este capítulo, la Audiencia de Huesca volverá a abrir un plazo para que las partes presenten sus calificaciones provisionales contra Iván Pardo, que está imputado por un delito de asesinato, y la abuelastra, Nieves P. C., y el padre adoptivo de la niña, Carlos José P. P., imputados por un presunto delito de violencia física y psíquica habitual.

Todas las acusaciones han anunciado ya que solicitarán la prisión permanente revisable, la máxima pena posible por un delito de asesinato que le imputan a Iván Pardo. En el caso del abogado de Mariela, solicitará también la aplicación de agravantes, como el ensañamiento.

Mientras, Marcos García Montes, además de pedir para Iván Pardo 25 años como autor de un delito de asesinato y 4 años más por malos tratos habituales, también solicitará una pena de 15 años de prisión para la abuelastra y el padre adoptivo de la niña por un delito de asesinato en comisión por omisión. En el caso de estos dos últimos, también añade otros 3 años por delito de malos tratos habituales.