cueva de chaves
El empresario que destruyó el yacimiento neolítico se libra finalmente de ir a prisión
La Audiencia Provincial de Huesca rechaza el recurso de las acusaciones, que pedían su ingreso en la cárcel para cumplir los dos años de condena
Victorino Alonso, el empresario minero de León condenado a 2 años de prisión por destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su coto de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), se librará definitivamente de ir a la cárcel. La Audiencia Provincial de Huesca acaba de desestimar el recurso presentado por las acusaciones. Tanto la Fiscalía como la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) habían apelado contra el auto del Juzgado de lo Penal del 9 de enero que le suspendió la condena, con la condición de que en un plazo de tres años no delinca. A partir de ahora ya no cabe recurso alguno.
Alonso no solo no entrará en prisión sino que además no pagará al Gobierno de Aragón la indemnización de 25 millones de euros por daños al patrimonio histórico porque el coto de caza entregado para afrontar la deuda, según la estimación de la DGA, tiene un valor de 2 millones de euros. Por si fuera poco, la administración autonómica, que hace solo unos días aceptó la finca de 1.800 hectáreas como dación en pago, no podrá tomar posesión de ella hasta el 2030, ya que Alonso la alquiló meses antes de celebrarse el juicio contra él a una empresa con la que estaba vinculado.
La Audiencia Provincial de Huesca ratifica los argumentos del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que le suspendió la condena al no ser esta superior a dos años. Cabe recordar que el Juzgado lo condenó a 2 años y seis meses, pero la Audiencia rebajó posteriormente la sentencia en seis meses, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, lo que daba la opción de evitar el ingreso en prisión.
El primer argumento de la Audiencia hace referencia a que era “un delincuente primario”, es decir, no tenía antecedentes penales. El auto dice que las defraudaciones tributarias por las que fue condenado Alonso no tienen que ver con los daños en bienes de valor histórico y que además ocurrieron muchos años antes: en diciembre de 1993, enero de 1994, diciembre de 1994 y enero y diciembre de 1996. “En definitiva, se trata de hechos de muy diferente naturaleza a los daños juzgados en esta ejecutoria y además el último de ellos, cometido 21 años antes”.
El empresario minero está siendo investigado por dos delitos contra el medio ambiente en León, pero según la Audiencia, se trata de una “cuestión nueva”, no aducida ante el juzgado, en la que además goza de presunción de inocencia en tanto no haya una sentencia firme.
El tribunal provincial también menciona la satisfacción de las responsabilidades civiles. En este caso, entiende que Victorino Alonso ya tiene embargada su pensión, “que es el único activo que se le conoce” y además fue declarado insolvente.
Por otra parte la sociedad mercantil Fimbas, titular del coto de Bastarás, de la que era administrador Alonso, y declarada responsable civil subsidiaria ha dado la finca como pago, señala el tribunal de apelación. Al penado, precisa, “no se le conocen más bienes que el que ya tiene embargado y ya ha sido declarado insolvente”.
La única posibilidad que hay de su ingreso en prisión es que se le condena, en el plazo que da el juez para que no vuelva a delinquir, por alguno de los procesos judiciales que hay en marcha contra él en León. "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que se hiciera justicia, pero hasta aquí hemos llegado", ha declarado Pilar Villellas, la abogada de Apudepa.
