El Gobierno de Aragón se quedará con la finca de Bastarás, en el municipio de Casbas de Huesca, como dación en pago por la deuda de Victorino Alonso, que fue condenado a indemnizar a la administración autonómica con 25 millones de euros por destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, ubicada en la finca. Sin embargo, su valor solo cubre una mínima parte de la indemnización que debía pagar el empresario leonés y además no se podrá hacer uso de los terrenos porque están alquilados a una sociedad vinculada a él hasta el año 2030.

El pasado martes, el director general de Contratación, Patrimonio y Organización de la DGA, Miguel Ángel Bernal, remitió al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de la ejecución de la sentencia, el documento de aceptación de la finca. El problema es que el bien solo cubre un 10% de la deuda contraída por la sociedad Fimbas, titular del coto, de la que era administrador Victorino Alonso, y considerada responsable civil subsidiaria.

Para tasar la finca se han tenido en cuenta cuatro informes de distintos departamentos de la administración autonómica. El de tasación realizado por la consejería de Desarrollo Rural estima el valor de las 1.827 hectáreas en 2.611.086 euros, considerando además el potencial aprovechamiento cinegético y las rentas derivadas del contrato de arrendamiento en vigor. Si a esto se añade el valor de las edificaciones diseminadas en el coto, que estudió el área de Bienes Inmuebles, esa cifra se incrementa hasta 2.752.069.

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural calculó que los restos aún conservados en el yacimiento de la Cueva de Chaves, tras el expolio, ascendían a 21.608.452 euros. Sin embargo, se advierte de que esos restos “son bienes de dominio público” y, por tanto, desde 1985, propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, “por lo que su valor no puede ni debe computarse en ningún sentido en relación con la ejecución de la sentencia relativa al expolio de la cueva de Chaves”.

Asimismo, se estima en 108.537 euros el coste de desmontar el vallado actual de la finca (el coto se anuló y se obligó a Fimbas a levantar el cercado), una cantidad que tiene que ser computada como carga.

En vista de estos informes, y pensando en la protección de los restos arqueológicos que aún quedan en la finca, la DGA accede a la dación en pago a condición de que únicamente se reduzca el importe de la responsabilidad a la que Fimbas fue condenada en 2.643.531. Pide al juzgado que inste a Fimbas a formalizar la transmisión de las 81 fincas que componen la propiedad, libre de cargas, a excepción del desmontaje del vallado, y del contrato de arrendamiento. Esa cantidad dista mucho de la valoración presentada por la sociedad que actualmente es titular y que ascendía a 12.665.639 euros.

El contrato de alquiler en vigor se formalizó con la empresa Inversiones Patrimoniales Astuarianas, vinculada a Victorino Alonso, el 28 de enero de 2015, unos meses antes del inicio del juicio contra el empresario minero leonés. El alquiler impide a la administración aragonesa tomar posesión de la finca y hacer uso de ella hasta el año 2030, ya que debe respetar los derechos del arrendatario. Alonso fue administrador único de Inversiones Patrimoniales Asturianas hasta su cese en 2010.

Victorino Alonso fue condenado a dos años de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, al arrasar la excavación para convertirla en un abrevadero de cabras. Sin embargo, el juzgado ha aceptado suspenderle la condena y no deberá entrar en prisión, una decisión que está recurrida ante la Audiencia Provincial de Huesca por la Asociación de Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) con el respaldo de la Fiscalía.

En su recurso de apelación, la abogada de Apudepa, Pilar Villellas, esgrime tres razones principales. La primera es el tipo de delito cometido. Recuerda que es un delito “contra la sociedad”, teniendo en cuenta que la cueva de Chaves estaba considerada no solo un yacimiento arqueológico sino “el más espectacular asentamiento neolítico puro de todo Aragón”, de referencia en España y Europa; y el carácter “irreversible e irreparable” de los daños.

En segundo lugar, la letrada de la acusación discrepa con el juez respecto a que no se aprecie peligrosidad ni riesgo de reiteración delictiva. En la apelación, la abogada afirma que Aloso contaba antes de dictarse la sentencia con cinco antecedentes penales y en la actualidad está siendo investigado por dos delitos contra el medio ambiente, uno en el juzgado de Villablino (León) y otro en la Audiencia Provincial de Léon, por lo que se solicitan por la Fiscalía 8 años de prisión.

Por último, cuestiona su intención de reparar el daño. Es Fimbas quien está afrontando la deuda, pero además "está gravada con alquileres a largo plazo, lo que impide a la administración tomar posesión de la finca", señala Pilar Villellas. Hasta ahora lo único que ha pagado han sido 17.000 euros, embargados de su pensión de jubilación. En el recurso la abogada relaciona su vinculación con una veintena de empresas para cuestionar su declaración de insolvencia.

Por todo ello, pide a la Audiencia Provincial de Huesca que acuerde denegar la suspensión de la condena. A este recurso de apelación se ha sumado la Fiscalía, que en su escrito plantea que no se atienda únicamente a la declaración de insolvencia sino también a otras circunstancias "como la naturaleza y gravedad del hecho delictivo y el inmenso e irreparable daño realizado al patrimonio histórico", sin que el penado haya realizado "esfuerzo alguno para abonar las responsabilidades civiles" a las que fue condenado.