La Audiencia de Huesca juzgará este mes a los 13 miembros de una presunta red de tráfico de drogas, especialmente de anfetamina y cannabis, que operaba en la provincia. La Fiscalía pide penas que suman 143 años de prisión y 6,4 millones de euros en multas. La mitad de los acusados son vecinos de La Litera y cuentan con antecedentes.

Según el escrito provisional del Ministerio Público, gracias a una investigación policial iniciada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Policía Judicial de Huesca en marzo de 2016 se tuvo conocimiento de que los procesados, actuando siempre de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se dedicaban a la venta a terceros de sustancias estupefacientes, compartiendo la actividad todos ellos y también los frutos del ilícito tráfico. Unas pesquisas que confirmaron la intervenciones telefónicas de los móviles que usaban y que fueron autorizadas por el Juzgado nº 2 de Monzón.

Los investigadores pudieron concretar las labores de cada acusado dentro del grupo criminal. Así, dos de ellos, J. M. E. E. y E. P. S. se abastecían de sustancias estupefacientes a través de P. L. C. M. y luego las entregaban para su venta a otros siete. Por su parte, P. L. C. M. obtenía la droga de otros tres procesados.

La Fiscalía relata que el 26 de mayo de 2016, tras conocer por las escuchas telefónicas que iba a producirse una cita entre dos de los acusados para la compra de ‘speed’ se procedió a su detención en el km 121 de la N-240, cerca de Altorricón, hallando escondidos en su vehículo 5 kilos de anfetamina con un valor en el mercado ilegal de 84.560 euros, y una bolsa con 17.500 euros fraccionados en billetes. En el posterior registro de sus domicilios encontraron también otros 570 gramos de anfetamina, casi 100 de cocaína (9.977 euros) y 710 de cannabis (807,98 euros).

​

A raíz de ellos se ordenó el registro de cinco viviendas más de varios acusados, todos ellos vecinos de Binaced. En ellos se incautaron de 5,8 kilos más de cannabis, valorados en el mercado ilícito en 17.600 euros, y una pequeña cantidad de anfetamina.

Por todo ello, el fiscal solicita para cada acusado 9 años de cárcel y multa de 491.353 euros (a sustituir por un día de prisión por cada 150 euros no abonados) por un delito contra la salud pública, y otros 2 años por integración de grupo criminal. Para uno de los procesados pide aplicar la agravante de reincidencia ya que en el momento de los hechos tenía una condena suspendida con la condición de que no delinquiera. Varios de los acusados son defendidos por el letrado Javier Vilarrubí, que solicita su absolución.