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La familia de un hombre que se ahogó en una balsa por salvar a su perro reclama 150.000 euros

La reclamación se dirige contra el Ayuntamiento de Almunia de San Juan, al ser el titular del depósito de agua.

Sede del Palacio de Justicia de Huesca
Rafael Gobantes

La muerte de un hombre de 59 años que se ahogó cuando intentó salvar a su perro en una balsa de Almunia de San Juan ha acabado con una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento, al que se responsabiliza de no asegurar el cerramiento del lugar, donde está el depósito de abastecimiento. La viuda pide una indemnización de 60.000 euros y cada uno de los dos hijos, 45.000.

Los hechos ocurrieron hace ahora justo dos años, el 25 de febrero de 2017. La víctima, Vicente Samitier, paseaba por las inmediaciones con su perro, cuando el animal se coló en el recinto por algún hueco del vallado y se precipitó al agua. El dueño lo siguió. Pudo entrar apartando unas vallas provisionales de obra, ya que se estaban realizando trabajos de mejora. Él murió al intentar salvar a la mascota, mientras que esta pudo ser rescatada con vida.

Para el abogado de los dos hijos, Javier Vilarrubí, "existe una falta ‘in vigilando’ por parte del Ayuntamiento". La demanda se fundamenta en que el depósito es de titularidad municipal y debe contar con un sistema de seguridad suficiente para evitar el acceso de terceras personas. Esto obligaría, según el letrado, a contar "con un vallado perimetral que aislara totalmente el interior y el exterior y una puerta de acceso con su candado o cerramiento, cuya llave solo tuviera personal municipal".

Según Vilarrubí, cuando la Policía Judicial llegó al lugar de los hechos comprobó que se habían ejecutado obras recientemente. "El vallado estaba totalmente roto, deshecho y sin puerta de cerramiento, y el acceso era libre". El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que se habían aplicado las medidas de seguridad necesarias.

Según el abogado de los hijos, dos días después del suceso, se encomendó a algunas empresas que habían trabajado en el depósito a proceder al cerramiento de la valla y a instalar una puerta nueva. "Es una evidencia de que aquello no estaba en condiciones", opina.

La indemnización por responsabilidad patrimonial se basa en el funcionamiento anormal de los servicios públicos. La demanda presentada llega después de que el Juzgado de nº 2 de Monzón decretara el el sobreseimiento de las diligencias penales. El auto de archivo fue recurrido por la familia, pero la Audiencia Provincial confirmó que no había causa.

En el procedimiento judicial, la parte denunciante argumentó que hubo "omisión grave de las medidas de seguridad implantadas en el acceso al depósito de agua, así como en el establecimiento de medidas de seguridad en el interior, omitiéndose lo que incluso se informaba por los técnicos", y esta situación creó "un riesgo muy grave a terceros".

El auto de la Audiencia confirmó la existencia de un vallado y del cierre de la puerta de acceso con un alambre, y aceptaba que en el estado de uno u otro elementos pudo influir la ejecución de las obras realizadas con anterioridad al suceso. Pero concluyó que no cabía imputar una imprudencia con relevancia penal a una u otra de las personas investigadas por su relación con tales obras o con la situación del propio recinto de la balsa (un concejal y representantes de las empresas que trabajaron en el depósito). Para calificar el hecho como homicidio culposo, la imprudencia debía ser grave o menos grave, "pero en ningún caso leve", ya que esta es más propia del ámbito civil.

Tres casos en dos años

Tres hombres han muerto en los últimos dos años en la provincia en similares circunstancias. El último accidente fue el pasado 27 de enero. Un cazador de 64 años se ahogó en una balsa de riego en Binaced intentando rescatar a sus perros que se habían caído en el agua persiguiendo una presa. Y un vecino de Zaidín de 36 años también murió por esta causa.

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