Despliega el menú
Huesca

Los ayuntamientos empiezan a cobrar tasas a las eléctricas por los tendidos tras la batalla judicial

Ya hay 25 municipios en Aragón que han retomado las ordenanzas fiscales que gravan el paso de líneas de media y alta tensión y de las conducciones de gas.

Instalaciones de la central eléctrica de Lafortunada, de donde salen varias líneas.
Instalaciones de la central eléctrica de Lafortunada, de donde salen varias líneas.
Rafael Gobantes

Los ayuntamientos han retomado la iniciativa de gravar a las empresas del sector eléctrico con una tasa por las líneas de media y alta tensión que pasan por suelo de titularidad municipal, tras la larga batalla judicial que durante varios años ha enfrentado a las compañías y a las administraciones locales sobre el cobro de la tarifa y que finalmente han ganado estas. Desde que salieran las primeras sentencias favorables, 25 municipios de Aragón han aprobado esta tasa y 10 ya la están cobrando. El Ayuntamiento de Laspuña acaba de publicar la ordenanza fiscal, el de Biescas está preparando una y el de Panticosa va a emitir la liquidación.

En toda España, son unos 350 los ayuntamientos que han dado el paso y más de la mitad están ingresando el gravamen, según el abogado Javier Gonzalo, asesor de la Federación Nacional de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. "Ha habido muchos litigios planteados por las eléctricas, como era de esperar, pero ahora el Tribunal Supremo ya ha dictado numerosas sentencias, creando jurisprudencia y dando validez a las tasas. Incluso está inadmitiendo los recursos  de las compañías por considerar que es una materia pacificada", explicó este letrado, que desde su despacho de Madrid asesora a ayuntamientos de todo el país.

Las cuatro primeras sentencias favorables a la tasa datan de diciembre de 2016, pero posteriormente tanto el Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades han ido confirmando nuevos fallos favorables a los municipios.

El gravamen es por la ocupación del dominio público con instalaciones eléctricas, tuberías de gas, agua o hidrocarburos. Incluye las líneas, las torres y las zonas de servidumbre. Afecta sobre todo a municipios donde hay centrales de producción de energía que hay que evacuar, como ocurre en el Pirineo con los saltos hidroeléctricas de los embalses.  

Una espera de 2007 a 2020

El Ayuntamiento de Laspuña acaba de publicar una ordenanza fiscal reguladora que entrará en vigor en el 2020. Deroga la de 2007, que nunca llegó a aplicar porque entonces la doctrina del Supremo era otra. Su alcalde, Antonio Castillo (PP), dice que se ha adaptado a la jurisprudencia. Tres líneas atraviesan el municipio desde la central de Lafortunada-Cinqueta, una de las de mayor capacidad de producción del Pirineo. Los nuevos ingresos se estiman entre 20.000 y 30.000 euros, aunque están pendientes de una valoración precisa. "La afección es grande. Los tendidos condicionan cualquier cosa que quieras hacer en las parcelas que sobrevuelan  las líneas. Esto merece una compensación al territorio", manifiesta el alcalde. La ordenanza va acompañada de un detallado cuadro de tarifas que concreta el pago por metro lineal.

Hasta ahora no han sido muchos los ayuntamientos que han aprovechado la jurisprudencia. La razón, según Javier Gonzalo, es que "están esperando a ver si otros cobran". En su opinión, "en un futuro inmediato será algo ya consolidado", y además se hace con efectos retroactivos.

El de Panticosa, uno de los pioneros en implantar la tasa sin éxito hace unos años, va a proceder ya a pasar la liquidación, una vez adaptada la normativa. "Todo el mundo paga por ocupación de suelo. ¿Por qué no las eléctricas?", comenta su alcalde, Ricardo Laguna (PP).

Por su parte, Biescas ha encargado la redacción de la ordenanza y el estudio económico a un gabinete jurídico y otro de ingeniera. Un informe previo estima unos ingresos por este concepto de 62.205 euros. Se había esperado a un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las empresas, "pero parece que no existe esa voluntad", aclara su alcalde, Luis Estaún (PAR). "Los tendidos generan unas servidumbres y deben pagar por ello y compensar al territorio", dice. Biescas cuenta ya con un inventario de las parcelas ocupadas y de las instalaciones. Según una primera estimación de las líneas más visibles, le corresponderían 20.483 euros al año a Biescas, y el resto se repartirían entre las entidades locales de Gavín (19.369), Aso, Yosa y Betés (61) y Piedrafita de Jaca (20.291).

Etiquetas
Comentarios