Piden tres años de prisión para un médico en Huesca por operar la rodilla equivocada

La paciente, de 71 años, fue derivada a un centro privado desde el hospital San Jorge para que le implantaran una prótesis

La mujer fue operada hace ocho años de la rodilla
La mujer fue operada hace ocho años de la rodilla
Vithas

La Fiscalía de Huesca solicita 2 años y 9 meses de prisión para un traumatólogo por un delito de lesiones por imprudencia grave, acusado de operar la rodilla equivocada de una paciente, en una clínica privada de Huesca hace ocho años. A esta pena añade la inhabilitación para el ejercicio profesional durante 4 años. Mientras, la acusación particular eleva la petición a 3 años de prisión e inhabilitación durante 10 años.

El facultativo trabajaba en el año 2010 como traumatólogo en la clínica Santiago. La paciente, entonces de 71 años, sufrió una caída accidental. Fue atendida en el hospital San Jorge y se le diagnosticó bursitis prerrotuliana en la rodilla derecha, debiendo ser intervenida quirúrgicamente para la implantación de una prótesis. Ante la imposibilidad de ser operada en el centro público, fue derivada a la clínica Viamed Santiago. En el registro de la demanda quirúrgica, el 14 de septiembre de ese año, el traumatólogo de San Jorge hizo constar el diagnóstico sobre la rodilla derecha y el procedimiento quirúrgico.

En la clínica, el acusado, según la Fiscalía, sin que ninguna prueba, exploración o consulta preoperatoria justificara un cambio del diagnóstico y tratamiento, procedió el 27 de noviembre a intervenir a la mujer de la rodilla izquierda colocando una prótesis total. Tardó en curar 326 días, de los cuales estuvo 25 hospitalizada y 239 impedida. Además sufrió secuelas consistentes en la agravación de la artrosis previa en la rodilla derecha, de la que ya no puede operarse. También sufrió un perjuicio, estima el Ministerio Público, de carácter estético al padecer una cojera relevante y una cicatriz. “La perjudicada ha perdido calidad de vida en una parte relevante de sus tareas habituales y a consecuencia de los problemas de estabilidad de la rodilla izquierda, no puede someterse a cirugía correctora de la rodilla derecha”.

Además de las penas solicitadas, la Fiscalía pide, en concepto de responsabilidad civil, para el médico y su compañía de seguros, una indemnización de 17.891 euros, por las lesiones, y 76.721 euros por las secuelas, de las que deberían responder subsidiariamente la empresa gestora de la clínica y su aseguradora.

350.000 euros de indemnización y un coche

La acusación particular va más allá y reprocha al centro una actitud negligente al permitir que el acusado concentrara un número excesivo de intervenciones quirúrgicas y cree que “erró al elegirlo” como facultativo. El letrado Ricardo Orús, que representa a la paciente, detalla la pérdida de calidad de vida para su cliente. Entre otras cosas, la imposibilidad de por vida de operarse la rodilla derecha para la que fue derivada a la clínica y que le impedirá mejorar de sus dolencias. Incrementa la petición de indemnización a 350.000 euros, más otros 37.099 por los gastos necesarios para adquirir un vehículo adaptado a sus limitaciones.

Por su parte, las defensas solicitan la absolución considerando que no se ha cometido delito alguno. El abogado del médico y de su compañía afirma que se realizaron pruebas preoperatorias y se firmó el consentimiento informado. “Incluso se realizó la correspondiente rehabilitación, sin realizar queja o manifestación alguna en contrario”. Y que no fue hasta el 2 de octubre de 2015, cinco años después, cuando la paciente formuló una denuncia penal contra el médico.

El representante de la clínica tampoco aprecia infracción penal, ya que procedió a colocar la prótesis en la rodilla izquierda “de común acuerdo con la denunciante” por ser la que más dolor le producía en las fechas cercanas a la intervención. La patología posterior, añade, son complicaciones habituales de una cirugía de rodilla y no indicativas de mala praxis. Ni en el postoperatorio ni en las sucesivas consultas que le sucedieron se quejó por escrito o verbalmente por haber sido intervenida de una rodilla distinta, afirma la defensa de la empresa. No obstante, aclara que el médico tenía una relación mercantil de prestación de servicios con absoluta autonomía funcional, operativa y organizativa, y añade que estaba cualificado para realizar los servicios concertados, según una acreditación del Ministerio de Educación del mismo año 2010 que homologó su título como especialista en Ortopedia y Traumatología, obtenido en Argentina.

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