Sijena pide la destrucción de las imágenes del traslado de los bienes tomadas dentro del Museo de Lérida

Las fotografías son la base de un libro gráfico que los responsables del espacio expositivo están ultimando para recordar la operación judicial y policial desarrollada el pasado 11 de diciembre.

Los bienes se trasladaron en medio de un fuerte despliegue policial por las protestas en Lérida.
Los bienes se trasladaron en medio de un fuerte despliegue policial por las protestas en Lérida.
J. M. Marco

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado al juzgado de Instrucción número 1 de Huesca la incautación y destrucción de las imágenes que fueron grabadas a instancias del Museo de Lérida durante la operación judicial y policial que permitió el pasado 11 de diciembre la recuperación de las 44 obras del monasterio.

Las fotografías fueron encargadas por los responsables del Museo de Lérida, que, al parecer, están ultimando un libro gráfico en el que mostrarán algunos de los momentos vividos durante las más de diez horas que duró la intervención. Según varios diarios catalanes, su presentación tendrá lugar dentro de la jornada de carácter reivindicativo organizada con motivo del aniversario de esta operación judicial, que contó con el auxilio de la fuerza pública y que tuvo lugar como respuesta a la reiterada desobediencia de la Generalitat de Cataluña. De hecho, el gobierno catalán se negó a cumplir con las órdenes judiciales de devolución de las obras.

En la demanda, el letrado de Sijena, Jorge Español, pide que se requiera "con urgencia" al Consorcio del Museo de Lérida a entregar todas las fotografías y filmaciones realizadas dentro del espacio expositivo y después, se proceda a su "destrucción, sin que se pueda en modo alguno publicarse este material sin autorización judicial previa".

El abogado insiste en que era un acto no público y además, dice pretender "evitar posibles montajes que dañen la imagen y prestigio de las autoridades judiciales y policiales". También señala que la grabación fue llevada acabo sin ninguna autorización e indica que su divulgación puede atentar contra la intimidad de los funcionarios del Gobierno de Aragón que acudieron en auxilio de la Comisión Judicial.

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