Almudévar consulta a los vecinos si comprarían tres inmuebles por 159.000 euros para ampliar la plaza de España

"¿Está usted de acuerdo en adquirir los inmuebles de la plaza de España para la posterior rehabilitación de la misma por el importe del acuerdo alcanzado con los propietarios?". Esta es la pregunta que figura en la consulta popular que ha hecho llegar el Ayuntamiento de Almudévar a todos sus empadronados mayores de 16 años (alrededor de 2.000 vecinos) para que decidan si quieren que siga adelante o no uno de los proyectos estrella del PSOE, que gobierna en minoría con 5 concejales y que, de momento, está bloqueado por el rechazo los 6 concejales que suman PP (5) y CHA (1).

El alcalde, Antonio Labarta, llevó al último pleno la propuesta para comprar tres inmuebles como primer paso para acometer la ampliación de la plaza de España, pero PP y CHA votaron en contra por considerar que era muy caro y que había otros proyectos prioritarios. Sin embargo, Labarta asegura que ante la voluntad de los propietarios de los inmuebles de vender, después de una larga negociación, y el "clamor social" por comprarlos para llevar adelante la rehabilitación de la plaza, ha decidido impulsar esta consulta popular.

En una carta enviada ayer mismo a todos los vecinos se incluye un informe de Alcaldía argumentando el por qué de esta iniciativa. Así, explica que el Ayuntamiento de Almudévar lleva "años" trabajando para poder remodelar la plaza y recuerda que ya en 1999 se aprobó por unanimidad del pleno la compra de un inmueble que estaba en desuso dejando la puerta abierta para ir adquiriendo el resto, "que entonces se encontraban ocupados".

El citado informe asegura que la ampliación de la plaza es una "necesidad" por la "mala imagen" que ofrece a vecinos y visitantes. "En las ciudades y pueblos, la plaza es el centro neurálgico de varias actividades municipales, es el 'salón urbano' con más o menos valor arquitectónico pero siempre con un gran valor social donde se concentra la gran actividad económica, social, cultural y festiva", indica.

Relata, además, que a lo largo de esta legislatura han mantenido negociaciones con los propietarios de estos tres inmuebles acercando posturas poco a poco hasta llegar a un precio final de 159.000 euros, una valoración "muy cercana" a la que han hecho los técnicos municipales, de 154.000. Un importe que se sufragaría con los 177.000 euros que ha recibido el Ayuntamiento como indemnización por la expropiación de fincas para la construcción del embalse.

La propuesta fue desestimada en el pleno por los votos de PP y CHA, pero desde el PSOE, recogiendo la demanda de un gran número de vecinos, según el alcalde, convocó el pasado 12 de julio una reunión a la que acudieron representantes de una treintena de entidades y asociaciones de Almudévar (y a la que no asistió ninguno de los concejales de la oposición pese a estar invitados, según Labarta), donde se acordó "por unanimidad" realizar una consulta popular para recoger las opiniones de todos los vecinos.

Así, los días 23 y 24 de julio, personal del Ayuntamiento pasará por los domicilios a recoger las papeletas. Si hay un apoyo mayoritario, Antonio Labarta se compromete a llevar de nuevo la propuesta al pleno municipal para tratar de aprobar la compra de los inmuebles.

El PP le acusa de "posible prevaricación"

El PP de Almudévar acusa al alcalde de "posible prevaricación” por convocar "una consulta ilegal que contraviene la legislación y exige la identificación de los vecinos, con nombre y apellidos, ante una actuación que corresponde al pleno municipal", señalan. En este sentido, aseguran que las llamadas consultas populares están reguladas por el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley de Administración Local de Aragón y la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y que para su convocatoria, entre otros requisitos, se exige el permiso del Gobierno de la nación y el correspondiente acuerdo plenario, "extremos que no se dan en la consulta emprendida por el alcalde".

Los populares denuncian una "tercera ilegalidad", puesto que, según ellos, la legislación impide "expresamente" la celebración de consultas que afecten a la Hacienda local, "como sucede en el caso de la citada compraventa". Por todo ello, exigen al alcalde la retirada inmediata de las papeletas y la paralización de todo el proceso y anuncian que se plantean emprender acciones legales. "Estamos acostumbrados al desprecio que muestra a la oposición, pero su carácter antidemocrático le ha llevado incluso a exigir que los vecinos se ‘retraten’ con nombre y apellidos. Su intención última es crear un censo de vecinos adeptos y ‘malos’ vecinos. Es un hecho autoritario sin precedentes que debería llevar al propio PSOE a exigir la dimisión de Antonio Labarta", denuncian.

CHA lo tilda de "escandaloso"

También Chunta Aragonesista considera "escandaloso" que el alcalde haya impulsado una consulta que, a su juicio, es "ilegal" tras la negativa del pleno a adquirir unos inmuebles "a un precio superior al que los técnicos han tasado", subrayan.

Su portavoz, Juan Carlos Jiménez, afirma que no se opone a la adquisición de los inmuebles necesarios para ampliar la plaza Mayor "pero no a cualquier precio, sino al que han establecido los técnicos municipales, defendiendo el interés general". En su opinión, es "gravísimo que la consulta se base en un acuerdo con los propietarios que se desconoce, haciendo uso de medios públicos materiales y personales, totalmente dirigida, sin ningún anonimato, puesto que tienen que ir firmadas y con el DNI, y sin ninguna garantía”. Por ello, exige "respeto" a las decisiones del pleno Municipal y "la vuelta a la legalidad ante actuaciones que podrían ser declaradas como actos ilícitos penales", advierte.