Sallent aprueba una millonaria subasta de suelo pese al rechazo de los vecinos de Formigal

Quiere vender una parcela para 66 de los 560 pisos previstos en el Estacho, cuya tramitación está recurrida en los tribunales.

Vista de Sallent de Gállego.
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Ayuntamiento de Sallent de Gállego

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego aprobó ayer por la tarde la primera subasta millonaria de suelo del controvertido plan urbanístico del Estacho-Lanuza. Con los votos del PP, del PSOE y de CHA, el pleno dio el visto bueno en una sesión "extraordinaria y urgente" a la enajenación de una parcela para 66 de las 560 viviendas libres previstas con un precio de salida de 5 millones de euros. Su decisión cuenta con la abstención del PAR y el rechazo de buena parte de los vecinos de Formigal, que han recurrido la tramitación urbanística ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El alcalde, Jesús Gericó (PP), necesita vender con urgencia los terrenos para poder afrontar la deuda heredada del anterior equipo de gobierno socialista, que encargó la construcción de un balneario hace años y cuya abultada factura se pretende ahora afrontar con las plusvalías. La enésima prórroga para pagar el grueso de la deuda, que asciende a 7,1 millones, venció a finales del año pasado y el Ayuntamiento debe hacer caja de forma inmediata si no quiere perder la quita negociada.

La parcela elegida es la del aparcamiento de autocaravanas de Formigal, pegada a la urbanización y cuya tramitación se desgajó el año pasado del resto del proyecto del Estacho con el fin de acelerar los trámites y lograr así plusvalías.

La enajenación cuenta con el aval de sendos informes redactados por la secretaria-interventora del Ayuntamiento, la exdiputada nacional del PP Blanca Puyuelo. No obstante, recuerda que aún deberá obtener la preceptiva autorización del Gobierno de Aragón, puesto que la valoración de la parcela supera en un 153% los recursos ordinarios del presupuesto.

Además, advierte de que la ley obligará a reponer el dinero en un plazo máximo de diez años a cargo de los ingresos corrientes, lo que condicionará unos presupuestos que rondan los 3 millones.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) concluyó que la modificación parcial del Plan General que hace posible la enajenación no requiere una evaluación ambiental estratégica, ya que parte del suelo está parcialmente urbanizado, "en continuidad con Formigal", no requiere nuevas infraestructuras ni afecta al entorno natural.

No obstante, condiciona su ejecución a un estudio de detalle de los riesgos geotécnicos en el entorno y supedita el proyecto de urbanización a una solución, "provisional o definitiva", sobre la gestión de las aguas residuales de Formigal.

Sin embargo, la asociación Pirineos 2.0, constituida por los detractores de Formigal, ha recurrido ante el TSJA dicha modificación urbanística al entender que solo facilita una "especulación pura y dura" que vulnera la propia Constitución, se salta la jerarquía normativa y hasta el reglamento vigente para la valoración de los terrenos públicos. Además, aseguran que la enajenación se tramita sin haberse aprobado de forma definitiva la modificación puntual del Plan General.

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