Un tribunal popular juzgará el caso de las compras irregulares en el Ayuntamiento de Monzón

Un antiguo empleado está acusado por una presunta malversación en la adquisición de material informático.

Monzón, Huesca.
Monzón, Huesca.
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Un tribunal popular juzgará en la Audiencia Provincial de Huesca el caso de unas presuntas compras irregulares de material informático denunciadas por el propio Ayuntamiento de Monzón en 2011. Después de más de seis años de instrucción judicial, hay cuatro personas imputadas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación que pueden conllevar hasta siete años de cárcel.

Según han informado fuentes jurídicas, los cuatro imputados son el exempleado municipal encargado de la compra y supervisión de la instalación de equipos informáticos en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), los responsables de las dos empresas adjudicatarias del material y de los programas informáticos y la persona que elaboró la memoria para obtener el contrato. No hay ningún responsable político entre ellos.

Tras una larga instrucción en el Juzgado nº 1 de Monzón, el caso ha saltado ya a la Audiencia de Huesca para su calificación. Esta semana se ha dado un nuevo paso adelante con la celebración de una vista preliminar en la que las partes han tratado de exponer sus argumentos sobre si el delito de falsedad documental debe o no incluirse en este mismo proceso ya que no está entre aquellos tipos delictivos que debe juzgar un tribunal popular.

El Ayuntamiento de Monzón presentó en noviembre de 2011 una querella criminal por presuntas irregularidades en los contratos de compra de material informático contra un exempleado municipal que fue responsable del mantenimiento de la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

El caso fue denunciado por el Consistorio tras estudiar un informe del técnico informático de la oficina del SAC que relevó al querellado –que no había sido renovado en la primavera de 2011 por incumplir los objetivos– y que descubrió que muchos equipos adquiridos no funcionaban, otros se habían comprado supuestamente por encima de precio de mercado y varios programas y equipos comprados no se encontraban en el consistorio, según se exponía en la querella.

El equipo de gobierno de entonces, del PSOE, le pidió al técnico que documentara "todo lo que viera que era irregular y todos los programas que no se habían instalado", explicaron en su día fuentes socialistas. Dicho informe se trasladó luego al nuevo equipo de gobierno del PP, que fue el que finalmente interpuso una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos "para exigir las responsabilidades que en derecho procedan y dar la máxima transparencia a la gestión del dinero", informó entonces el Consistorio.

Entre las presuntas irregularidades había facturas emitidas por más valor de lo que costaban los aparatos en el mercado, material pagado que no se entregó o programas informáticos que no se llegaron a instalar.

Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que hay informes periciales que niegan que faltara material adjudicado o que se inflaran los precios. Sobre este asunto, indicaron que aparte del precio de los equipos, hay que contabilizar los costes de instalación y de programación. La defensa también rechaza la acusación de fraude argumentando que los programas que se instalaron en su día siguen operativos.

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