Piden 90 años de prisión para una banda que hacía viajes exprés de hachís por el Pirineo

A los 9 acusados se les intervinieron 668 kilos de droga y tenían pisos francos en Jaca y Sabiñánigo.

Los fardos con 668 kilos de hachís intervenidos en la operación conjunta de Policía y Guardia Civil.
Los fardos con 668 kilos de hachís intervenidos en la operación conjunta de Policía y Guardia Civil.
R. G.

Fue uno de los mayores golpes asestados a una banda de traficantes de hachís que operaba entre el sur de España y Europa utilizando los pasos del Pirineo, con 9 detenidos, más de 650 kilos de droga intervenidos (valorados en el mercado ilegal en 1.075.000 euros) y dos pisos francos desmantelados en Jaca y Sabiñánigo. Ahora, la Fiscalía pide para cada uno de los miembros de la red una pena de 10 años de prisión y una multa de 3 millones de euros.

Los acusados, de entre 32 y 42 años, están en libertad provisional. Seis tienen nacionalidad francesa y origen magrebí, otro es marroquí y el último, una española nacida en Melilla. Según el escrito de la acusación pública, formaban una estructura criminal perfectamente organizada encargada de efectuar viajes exprés atravesando la geografía española con el fin de abastecerse de sustancias estupefacientes (hachís) en el sur de España (Málaga y Estepona) y transportarlas hasta Francia, su destino final, empleando diversas rutas y pasos transfronterizos de la provincia de Huesca, especialmente cerca de Jaca, sirviéndose para ello de varios vehículos.

Se les intervinieron cuatro coches, entre ellos un BMW X5 valorado en 120.000 euros. En uno transportaban la droga y los otros los usaban a modo de lanzadera para despejar el terreno, alertar de posibles obstáculos, como los controles policiales, o realizar el apoyo logístico (transporte de combustible para no parar, placas de matrícula dobles...).

La banda tenía las tareas perfectamente repartidas, según la acusación pública. Siam A., la única mujer, se encargaba de contratar los alojamientos en hoteles evitando dejar el nombre del resto de miembros. También suscribía los contratos de arrendamiento de viviendas en régimen de alquiler vacacional por cortos periodos de tiempo. Entre ellos, un piso en Jaca y otro, con dos plazas de garaje, en Sabiñánigo.

Mehdi B., Karim I., Brahim B., Mounir L., Mourad B. y Rachid H. hacían el transporte de la mercancía a lo largo del país, conduciendo directamente el vehículo con la droga o los automóviles lanzadera. Finalmente, Adnane Ben S. y Abdelouahid T. abastecían de droga al grupo en el sur de España y los alojaban en un piso que alquilaron en la localidad de Estepona.

La operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil se inició tras los atentados de París, gracias a la intensificación de los controles en la frontera, donde se detectaron comportamientos sospechosos. El juzgado número 1 de Jaca autorizó el 14 de diciembre de 2015 el registro del piso de Jaca y del BMW, estacionado en el garaje del edificio. En el coche encontraron 668 kilos de hachís y matrículas francesas y alemanas usadas para eludir la vigilancia policial en los viajes. Un mes después, el 19 de enero de 2016, se registró la vivienda de Estepona, donde aparecieron más matrículas, 4.550 euros en metálico y 99 gramos de hachís.

Se devolvieron los vehículos

La Fiscalía considera que los nueve acusados son autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño para la salud, con las circunstancias agravantes de notoria importancia y pertenencia a organización criminal. La acusación pública considera que el dinero y los vehículos intervenidos eran usados en la comisión del delito y entiende que son una ganancia ilícita, por lo que pide su decomiso. Estaban a nombre de otras personas, pero cree que estas tenían conocimiento de su uso para actividades ilícitas. El juzgado aceptó en su día devolverlos a los propietarios.

Los nueve acusados están actualmente en libertad, hasta que se celebre el juicio. Todos ellos ingresaron en la cárcel, pero luego fueron puestos en libertad. Uno estuvo en prisión provisional menos de un mes, y los que más, 10 meses.

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