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La contaminación del Gállego: tres años de instrucción y ningún acusado

El auto del juez que archiva la causa provisionalmente dice que las irregularidades desveladas ante el Seprona no se ratificaron en sede judicial

Trabajos en el interior del vertedero de Bailín por el traslado de residuos.
Rafael Gobantes

Septiembre de 2014. Nueve localidades de la ribera del Gállego, en las provincias de Huesca y Zaragoza, prohiben el consumo de agua y cortan el suministro desde el río al detectar alarmantes niveles del pesticida lindano. Todos los focos apuntan inmediatamente a las obras realizadas río arriba, en el vertedero de Bailín (Sabiñánigo), para desmantelar el viejo depósito y trasladar 400.000 toneladas de suelos contaminados a uno nuevo de seguridad. En realidad, la crisis del lindano había empezado en julio, y al menos tres municipios bebieron agua con altos niveles del insecticida durante 90 días sin que nadie diera la voz de alarma.

Tres años y medio después de aquellos episodios, el Juzgado número 1 de Jaca ha archivado provisionalmente la causa abierta por la contaminación del Gállego. El auto considera que no se ha podido acreditar que esta fuga sea achacable penalmente a ninguna de las 14 personas citadas como investigadas por su intervención en el traslado, técnicos de la DGA y de empresas intervinientes en los trabajos.

En la causa, abierta por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y otro contra los derechos de los trabajadores, figuran como querellantes el Ministerio Fiscal, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la empresa FCC Ámbito, Ecologistas en Acción y Chunta Aragonesista, que ahora podrán interponer un recurso de reforma o de apelación contra el archivo provisional.

Según el juzgado, no se han probado las numerosas irregularidades denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. La instrucción comenzó precisamente a raíz del atestado del Seprona, junto con las denuncias de Ecologistas y Chunta Aragonesista, según los cuales las concentraciones de HCH (asociado a la fabricación del lindano) en el río estaban directamente relacionadas con las obras.

Prisas en las obras y camiones sin lona

La Guardia Civil planteó la posibilidad de que no se hubieran observado las medidas de seguridad ambiental en el transcurso de los trabajos. Entre los posibles incumplimientos causantes de las filtraciones señalaban: prisas en la ejecución de las obras, tubos con procedencia desconocida que vertieran al barranco de Bailín agua no depurada, tajaderas no bien selladas, encharcamiento de la zona de trabajo, la no interrupción de las tareas en condiciones climatológicas adversas (lluvia o viento), no cubrir los frentes de excavación ni los camiones que transportaban lindano, no usar los cañones de niebla cuando eran requeridos o no realizar controles ambientales.

En las obras intervinieron el Gobierno de Aragón, promotor y titular; la empresa pública Sarga, que realizó las funciones de dirección de obra y dirección ambiental y supervisión; SGS Tecnos y Tipsa, contratadas por Sarga para el asesoramiento técnico y la coordinación de seguridad y salud; la UTE Bailín Etapa 2, formada por las empresas FCC Ámbito-Adiego Hermanos, adjudicataria del contrato y Excavaciones Hermanos De Pablo, para el movimiento de tierras. Los trabajos incluían el traslado y depósito de los residuos del antiguo al nuevo vaso y paralelamente el seguimiento ambiental de la obra para evitar la dispersión de HCH por tierra, agua o aire.

Las declaraciones tomadas por la Guardia Civil a algunos de los que luego resultaron investigados apuntaban precisamente a esas irregularidades, pero "no pueden ser valoradas", dice el juzgado, pues las prestaron en su condición de testigos y por lo tanto sin asistencia letrada. "Las manifestaciones que vertieron algunos de los testigos ante la Guardia Civil indicando que los frentes no se cubrían, los cañones no se utilizaban o estaban estropeados o se tapaban con una bolsa, que no se paraba por las lluvias o no se cubrían debidamente los camiones cuando se estaba trasladando lindano, no se ratificaron en fase de instrucción, sino que por el contrario los testigos y también los investigados manifestaron que las obras se ejecutaron según lo proyectado y se observaron todas las medidas necesarias", afirma el juzgado en el auto. Añade que también la técnico de medio ambiente de la UTE declaró que realizó los controles medioambientales previstos y los responsables de la ejecución material de los trabajos y sus supervisores de Sarga o la DGA corroboraron que se ajustaron a los protocolos y medidas previstas en la Autorización Ambiental Integrada.

14 investigados

Durante la tramitación de la causa se citó como investigadas a 14 personas: dos técnicos del entonces departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, cinco trabajadores de la empresa pública Sarga (encargada por el departamento de Medio Ambiente de licitar y supervisar el traslado de los residuos), seis empleados de las dos adjudicatarias (FCC y Adiego Hermanos) y uno perteneciente a la UTE formada por las anteriores.

El juez tiene en cuenta los antecedentes de los suelos de Bailín, declarados contaminados antes de las obras, y recalca que no debe descartarse la posibilidad de que el antiguo vertedero "haya continuado generando filtraciones pues se constató que no estaba debidamente impermeabilizado".

También analiza el único punto de vertido autorizado, la depuradora. Del 23 a 27 de julio de 2014, la dirección facultativa programó la parada de la planta, "por vacaciones del personal y fiestas locales en Sabiñánigo". El día 30 de ese mes, un técnico del Gobierno de Aragón dio luz verde a un vertido puntual superior a la autorización de vertido. Pero según la declaración del jefe de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que abrió un expediente sancionador al Gobierno de Aragón por estos hechos, aunque se hubiera vertido por encima del doble de 50 microgramos/litro por descarga (límite de la Autorización Ambiental Integrada), no se habría registrado en el río Gállego.

"Se reconoce por la propia CHE que existe aporte de contaminación en otros puntos distintos del autorizado", señala el juzgado. Un informe pericial aclaró que la carga de HCH proveniente del barranco de Bailín, según las analíticas de la CHE y la DGA, solo alcanza el 20% del detectado en el río Gállego, "entendiendo que existían otros focos de contaminación como los embalses de Jabarella y Sabiñánigo".

En el caso de autos, vertido propiamente dicho solo se ha probado uno, el día 30 de julio de 2014, y, según el auto, no existe un informe concluyente de que haya puesto en riesgo el medio ambiente y en particular el dominio público hidráulico así como la fauna y flora. No considera tampoco que se hayan contravenido las normas protectoras del medio ambiente, ya que contaba con autorización y antes de verter existieron los oportunos controles y análisis, "todo ello sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda ejercer la administración".

Intoxicación de un trabajador

Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de la hospitalización de un empleado con sospecha de haber sufrido una intoxicación en el vertedero, menciona la ausencia de informes de la Inspección de Trabajo que determinen la comisión de algún tipo de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. A esto se añade que no ha quedado acreditada la causa y "los análisis de las muestras extraídas no detectaron presencia de lindano en sangre".

La investigación seguida en el juzgado número 1 de Jaca ha durado más de tres años. A instancias de la Fiscalía, se declaró la "instrucción compleja" para poder prolongar el plazo.

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