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Huesca

Se retoman las diligencias contra los ex consejeros de Cataluña Vila y Puig

El proceso parte de una denuncia realizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

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El exconsejero de la Generalitat Santi Vila

La magistrada del juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda iniciar la tramitación de las diligencias abiertas en su día contra los dos exconsejeros de Cultura de Cataluña, Lluis Puig y Santi Vila, por un presunto delito de desobediencia y en el caso del segundo, también de prevaricación al haber desoído las órdenes de entrega de las 44 obras de Sijena retenidas en el Museo de Lérida.

El proceso parte de una denuncia realizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y después, apoyada por la Fiscalía, aunque descartando un tercer delito de apropiación indebida, planteado en su día por el abogado del consistorio monegrino.

En un primer momento, la denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena fue presentada ante el Tribunal Supremo debido a la condición de aforados que entonces presentaban ambos exconsejeros. Al perder este estado, el Supremo sobreseyó la causa y por ello, el letrado del consistorio presentó una nueva denuncia contra ambos en los juzgados de Huesca. La causa recayó por reparto en el juzgado de Primera Instancia nº 3 de Huesca.

Un mes más tarde, y al no haberse remitido, junto con la denuncia, los documentos supuestamente acreditativos de los hechos revelados, la magistrada decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

No obstante, el consistorio recurrió y ahora, la magistrada ha acordado darle continuidad a la instrucción después de examinar además los informes remitidos tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como la Fiscalía Provincial de Huesca.

En este último caso, el fiscal de la Audiencia Provincial de Huesca, Juan Barachet, apoyó la necesidad de reactivar la causa en un extenso informe, en el que, entre otros aspectos, destacaba que ambos exconsejeros pudieron evitar la incautación forzosa de las 44 obras de Sijena llevada a cabo el pasado 11 de diciembre y por ello, solicitaba que las "capitales" consecuencias de sus incumplimientos tuvieran reflejo en las posibles penas. "No solo por el despliegue de medios materiales, humanos y efectivos, que la administración autonómica y la policial judicial tuvieron que empeñar para suplir la obstinada voluntad de los investigados, sino por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana", indicaba el fiscal.

El delito de desobediencia se castiga con penas de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.

Asimismo, el fiscal de la Audiencia Provincial pedía que se sumase al proceso el atestado de la Policía Judicial del pasado 11 de diciembre y además, se realizase ofrecimiento al Gobierno de Aragón para que pueda personarse en la causa.

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