El exsenador del PP y expresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Rodolfo Aínsa, está citado a declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital altoaragonesa como querellado en una presunta estafa inmobiliaria a una pareja que le adquirió un apartamento en una promoción inmobiliaria en la República Dominicana, un negocio al que se ha dedicado durante varios años.

La denuncia destaca que la pareja llegó a pagar 354.000 euros por uno de los apartamentos de la urbanización turística que había promovido en Santo Domingo. A pesar de la inversión realizada y del acuerdo de mediación llevado a cabo para el cuidado, mantenimiento y gestión de cara a posibles alquileres turísticos, los querellantes comprobaron años después, mediante una oficina de abogados del país sudamericano, que el apartamento nunca había sido inscrito a su nombre en el registro de propiedad.

La querella relata que la pareja fue informada en 2007 de la promoción a través de un senador del PP en Alicante con el que mantenían una estrecha amistad y que les habló de las ventajas de un proyecto inmobiliario en el que él mismo barajaba invertir. Señala, además, que fruto de este contacto, Rodolfo Aínsa recibió a la pareja en su despacho en el Senado, a la que también asistieron los dos hijos varones del exsenador. Aínsa les propuso la compra de uno de los 66 apartamentos de la urbanización.

Tras varias reuniones, los demandantes firmaron un contrato de compraventa, sumando varios pagos hasta 2009, cantidad que abonaron en una entidad bancaria de Sabiñánigo. Pese a los compromisos alcanzados, resalta la denuncia, la pareja no recibió información alguna respecto al apartamento ni pago por los alquileres acordados. Trataron de vender el apartamento en 2015, para lo que requirieron a los promotores una copia de la escritura y, posteriormente, certificado de titularidad de la propiedad. Ante la falta de respuesta, se dirigió a un despacho de abogados de Santo Domingo, desde el que fueron informados de que en el registro de propiedad no figuraba a su nombre el apartamento.

La querella fue admitida en julio de 2017. El auto señala que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa.