La Guardia Civil investiga por orden judicial la toxicidad del polvo de las deshidratadoras

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el grado de toxicidad del llamado polvo verde que emiten las dos deshidratadoras de alfalfa de Sariñena tras las denuncias presentadas por más de veinte vecinos de la localidad monegrina. Los afectados llevan más de una década luchando para reducir las emisiones de empresas ya que, según ellos, provocan importantes molestias así como problemas de salud, especialmente afecciones respiratorias.

A raíz de estas denuncias, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) abrió el pasado mes de marzo diligencias por supuestos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales por la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, y también contra la salud pública.

El capitán Arturo Notivoli, jefe del Seprona de Huesca, explicó ayer que el juez que lleva el caso les ordenó determinar la toxicidad de esas partículas de polvo. Y dando cumplimiento a ese mandato, los especialistas del servicio han recogido muestras durante 45 días de estas emisiones con la ayuda de un sofisticado captador volumétrico de partículas, cuya ubicación se ha ido cambiando periódicamente por diferentes puntos de la localidad.

Los filtros utilizados –que se tenían que reemplazar cada 24 horas– han sido enviados al laboratorio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil para que analice los componentes de este polvo y emita un informe sobre sus características físicas y tóxicas y las posibles afecciones sobre la población y el medio ambiente.

Estas partículas se depositan en masas de agua provocando su eutroficación (falta de oxígeno), lo cual puede conllevar problemas ambientales que afecten a la fauna. Algo que se está vigilando con extremo cuidado por la cercanía de la Laguna de Sariñena –declarada Refugio de Fauna Silvestre– y también porque está considerada como una zona ambientalmente sensible.

Paralelamente, el Seprona está investigando a las dos deshidratadoras de la localidad –Cooperativa Los Monegros y Bescós y Avellanas– que son las presuntas causantes de estas emanaciones a la atmósfera para determinar si han expulsado más partículas de las que establece como límite la normativa europea.

El capitán Arturo Notivoli asegura que pese a que las empresas han tomado medidas recientemente para reducir las consecuencias de estas emisiones de polvo verde con costosas inversiones económicas, "la continuidad es manifiesta ya que una de ellas lleva funcionando desde hace más de 40 años".

La polémica saltó en 2007

La primera polémica estalló en 2007 por un informe de Calidad Ambiental de la DGA que detectó niveles de contaminación atmosférica que superaban los permitidos y que, presuntamente, estaban relacionados con el polvo emitido por las dos deshidratadoras. A partir de entonces, hubo nuevas mediciones y en su mayoría rondaron el límite, generando constantes críticas vecinales.

La presión de un grupo de afectados, que llegaron a contratar un abogado y un ingeniero, obligó a las empresas a comprometerse a revisar sus sistemas de filtrado. No obstante, los vecinos insistieron desde el principio en que su petición pasaba porque se cumpliera la reglamentación vigente y no por perjudicar la actividad.