La Audiencia Nacional traslada la causa de Biscarrués al Tribunal Supremo
Da un plazo hasta el 21 de diciembre para formalizar los recursos por el embalse.
La Audiencia Nacional ha remitido al Tribunal Supremo los autos del procedimiento contra el embalse de Biscarrués y ha dado 30 días a las partes para que comparezcan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo con objeto de formalizar los recursos de casación contra la sentencia que dictó el pasado 7 de julio, que anulaba el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. El plazo concluye el próximo 21 de diciembre.
Ya anticiparon que seguirían adelante con el proceso, apelando al alto tribunal, los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y la Comunidad General de Regantes del Alto Aragón.
Y es que la sentencia dictada el pasado mes de julio por la Audiencia Nacional no dejó totalmente satisfechas a ninguna de las partes. Aunque supuso un varapalo para el proyecto, la alcaldesa de Murillo de Gállego, Marta de Santos, afirma que no entró en el fondo de la cuestión. El fallo, que anuló dos resoluciones administrativas (la aprobación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental), se basó sobre todo en los errores de procedimiento cometidos por el Ministerio.
La Audiencia Nacional concluyó que se había infringido la Directiva Marco del Agua al aprobar una presa que iba a transformar significativamente la masa de agua del río Gállego y que las medidas correctoras del impacto ambiental no deberían dejarse para su corrección en el proyecto constructivo. Tampoco se realizaron, antes de aprobar la declaración de interés general, los informes de viabilidad económica, técnica y ambiental ni un estudio específico de recuperación de costes. Al anular las resoluciones, la Audiencia entendió que no era necesario "entrar a analizar los restantes motivos de impugnación invocados en la demanda".
Sin embargo, los representantes de los municipios buscan que la Justicia española entre en el fondo de la cuestión. "Además de la Directiva Marco del Agua y la de Hábitats, el embalse incumple normativas españolas, como la referida al plan de seguridad, que la Audiencia no entra a juzgar, y nosotros queremos que se analicen uno a uno los incumplimientos", explicó Marta de Santos. Pero sobre todo, pretenden ratificar la anulación de las resoluciones administrativas adoptadas hasta ahora. "Queremos que quede claro que se han anulado el anteproyecto y la declaración de impacto, no como dice el Ministerio, que modificando algunas cuestiones del procedimiento se puede solventar el asunto y seguir adelante con el embalse", añadió De Santos.
Riegos del Alto Aragón y el Ministerio también lucharán en el Supremo, pero en su caso para conseguir el aval judicial al proyecto . "Lo primero es que los recursos se admitan a trámite", señaló el presidente de los regantes, César Trillo. Hasta febrero, no se espera un pronunciamiento al respecto. Mientras, los trámites de Biscarrués continúan. "Se está analizando el contenido de las alegaciones presentadas", confirmó un portavoz de Acuaes, la sociedad promotora.
