El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) publica este martes en el BOE la contratación de los servicios para el control y vigilancia de las obras del embalse de Almudévar por un importe de 9.888.787 euros. El objetivo de estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 46 meses, es controlar todo el proceso constructivo del embalse e incluyen, entre otros, la realización de informes y estudios sobre los equipos e instalaciones, los ensayos y muestreos sobre el comportamiento de los materiales y las cimentaciones, así como la vigilancia ambiental, para garantizar la máxima calidad de las obras previstas.

Caudales excedentes

El embalse de Almudévar, con capacidad para almacenar 169 hectómetros cúbicos de agua, se encargará de regular tanto los caudales del río Gállego como los de los del Cinca, mediante dos presas de materiales sueltos que cierran una amplia vaguada natural cercana al municipio de Almudévar.

Gracias a este embalse, los caudales procedentes del Gállego que superan la capacidad del embalse de la Sotonera, y los excedentes de la regulación del Cinca se podrán almacenar durante los periodos de mayor aportación, para ponerlos a disposición del sistema en los momentos de escasez, mejorando la situación de déficit que presenta en la actualidad el sistema de Regadíos del Alto Aragón. Este aumento de garantías de riego, no afectará a ningún cauce ni a zonas que presentan alguna figura de protección ambiental.  

El embalse de Almudévar forma parte del proyecto Biscarrués-Almudévar, que tiene como principal objetivo regular los Riegos del Alto Aragón, permitiendo, por un lado la laminación de las avenidas del río Gállego y, por otro, aportar caudales al Sistema de Riegos del Alto Aragón, lo que redundará en un incremento de las garantías del sistema.

En junio, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el proyecto de la presa de Almudévar. Asimismo, carrués , que también este verano recibió un varapalo judicial con la anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental, recurrida ante el Tribunal Supremo por Riegos del Alto Aragón.