El Ayuntamiento de Fraga ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que anula el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués. La administración local estaba personada en el proceso, en defensa de los intereses de los regantes expectantes del Bajo Cinca, junto a Riegos del Alto Aragón, y tenía enfrente a los demandantes: las organizaciones ecologistas y los ayuntamientos de la ribera del Gállego.

"No renunciamos a Biscarruñes, pero no podemos estar ocho años esperando una sentencia firme", justificó el alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña (PSOE), quien antes de tomar la decisión de no recurrir mantuvo reuniones con los regantes expectantes de Monegros II, los empresarios de la comarca, el sindicato agrario UAGA y con Esther Saló, la alcaldesa de Ballobar, el otro municipio afectado por los planes de expansión del regadío.

"Nosotros no tenemos que renunciar nunca a regar, es un derecho adquirido desde 1915, y es verdad que Biscarrués es una pieza clave, pero no podemos esperar a lo que diga una sentencia judicial de aquí a siete u ocho años", declaró ayer el alcalde de Fraga.

La postura del Ayuntamiento pasa por "hacer un frente común" que lidere el Gobierno de Aragón, al ser el principal interlocutor ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que evite enfrentamientos entre el llano y la montaña. Ya ha solicitado una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

A juicio de Lapeña, hay que buscar "soluciones de regulación totalmente alternativas a Biscarrués", y esto pasa por dialogar con los ayuntamientos del Gállego, los ecologistas y Riegos del Alto Aragón. Él plantea un modelo similar al del embalse de San Salvador. Añadió que Biscarrués ha tomado "el camino judicial" y el dinero destinado a esta obra en los Presupuestos Generales del Estado no se puede desaprovechar, debe invertirse en regular el sistema Gállego-Cinca y en acabar las obras pendientes del plan de Monegros II. Un ejemplo es el embalse de Valdepatao, ya finalizado, clave para regar más de 5.000 hectáreas, pero en el que falta la conexión de desagüe. En esta línea, se presentará una moción al pleno municipal.

El varapalo judicial a Biscarrués ya ha motivado algún posicionamiento institucional. El pleno de la comarca de Monegros aprobó, en el pleno celebrado la noche del pasado jueves, una moción que coincide con algunos de los planteamientos del Ayuntamiento de Fraga. La institución instará al Gobierno de Aragón a que lidere la búsqueda de soluciones que garanticen la regulación del río Gállego.

La iniciativa surgió del PSOE y contó con el apoyo del equipo de gobierno (PP-PAR). CHA votó en contra. En el texto, los grupos subrayan la importancia de garantizar los caudales necesarios para el sistema de Riegos del Alto Aragón con el fin de "poder abastecer los regadíos actuales y futuros de Los Monegros".

Para los socialistas, "el Gobierno de Aragón debe tomar las riendas" y de forma "urgente", encontrar una solución "definitiva", indicó su portavoz en temas agrícolas, Armando Sanjuán. "Ya no se puede esperar más ni dar más vueltas. Los regantes estamos hartos de tanta indefinición. Se necesita voluntad política, unión y presupuesto", recalcó. En la misma sesión, CHA presentó sin éxito otra moción sobre esta cuestión, que fue rechazada por el resto de grupos. En ella, la formación solicitaba aceptar la sentencia de la Audiencia Nacional y pedía "respeto" para el río Gállego así como para aquellos que "viven en él y de él".