El TSJA deniega a los ayuntamientos dejar en suspenso las multas por vertidos

Los ayuntamientos del Pirineo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por verter al río las aguas residuales sin depurar tendrán que abonar las multas, en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resuelve el recurso presentado y decide sobre el fondo de la cuestión. Este organismo ha denegado la medida cautelar solicitada por el de Canfranc para dejar en suspenso la sanción de 3.318 euros, y lo lógico es que se adopte la misma resolución para el resto de municipios afectados.

El Ayuntamiento de Canfranc alegó un perjuicio económico a la hacienda local, invocó la presunción de inocencia y expuso que difícilmente puede cumplir con la normativa de vertidos cuando no tiene una estación depuradora que debía haber construido el Gobierno de Aragón. Según el auto del TSJA, no se ha justificado que el abono de la sanción "le pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación". Añade que el hecho de que la multa esté recurrida "en nada impide su ejecución", y en el caso de que se dé finalmente la razón al Ayuntamiento, se le devolvería. Le impone además las costas judiciales (200 euros).

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, explicó que esta misma semana se ha procedido a realizar el pago, "y espero que no lleguen muchas más sanciones, porque si no, no podremos prestar los servicios municipales". Añadió que las depuradoras siguen sin construirse, con lo cual "igual dentro de un mes tenemos otra", que podría ser mayor por la reincidencia. Aclaró que el TSJA no se ha pronunciado aún sobre el fondo de la cuestión, la legalidad o no de la resolución sancionadora de la CHE.

Además de Canfranc, fueron sancionados Aínsa, Ansó, Benasque, Boltaña, Broto, Castiello de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Villanúa y Valle de Hecho; y también otros de fuera del Pirineo, como Tierz. Todos están recurriendo las multas y para ello cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Diputación de Huesca. El de Canfranc fue el primero en recurrir y el único que hasta ahora ha recibido la negativa a la medida cautelar, por lo que previsiblemente se retirará esta petición de los recursos que están por formalizar.

Por otra parte, el Gobierno de España ha justificado los expedientes porque "realmente los hechos se han producido". En una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, afirma que la imposición de las sanciones "no es discrecional" sino "un imperativo de acuerdo con la normativa", y explica que el importe de las multas se calcula sobre la fórmula de 2 euros por habitante y año.

En la misma respuesta, el Gobierno también reconoce que el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para construir las depuradoras del Pirineo ascendía a 169 millones de euros, pero solo se gastaron 142 millones. Recuerda también que la Cámara de Cuentas de Aragón habló del riesgo de tener que devolver las cantidades abonadas por el Estado por haber incumplido el calendario de las obras de depuración del Pirineo. Sin embargo, la respuesta no entra a valorar este hecho ni anuncia si el Ministerio tienen intención de reclamar el dinero.

Rodrigo Gómez lamentó que el Gobierno "mire hacia otro lado" y no se plantee exigir responsabilidades, ya que los fondos se destinaron "a fines no previstos y justificados". También criticó su "falta de preocupación" hacia el problema de los ayuntamientos "al no tener las infraestructuras que les prometieron mientras son sancionados".

Respecto a la respuesta oficial, el alcalde de Canfranc dijo que si las sanciones no son discrecionales, "¿por qué se ha multado a unos ayuntamientos sí y a otros no?". "Que yo sepa en Cataluña no se ha sancionado, y estamos en el mismo país", concluyó.