Antonio Cosculluela, expresidente de la Diputación Provincial de Huesca, declaró ayer que la subvención de 240.000 euros transferida en 2006 al Ayuntamiento de Santaliestra, un pueblo de menos de 100 habitantes de la comarca de la Ribagorza, era "para gastos de asistencia jurídica del municipio, no de particulares". Cosculluela compareció en la segunda sesión del juicio contra el exalcalde Javier Mur, para el que el fiscal pide 5 años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación. Se le acusa de utilizar parte de ese dinero para amortizar los créditos contraídos por cinco personas y una sociedad de montes (en total 96.000 euros) para pagar minutas de abogados en el proceso de expropiación por el embalse de Santaliestra.

En diversas ocasiones, la Diputación se dirigió por escrito a Santaliestra para aclarar el destino de la subvención. Según declaró Cosculluela, el Ayuntamiento aportaría las certificaciones de gasto, pero su comprobación era una tarea de intervención, "no del área política o institucional". También aclaró que si bien el Ayuntamiento podía destinar ese dinero "a lo que considerase", atendiendo al principio de autonomía municipal, debía circunscribirse al marco del convenio.

También testificó el jefe de los servicios jurídicos de la Diputación, Jorge Pueyo, quien recordó que la finalidad de la subvención era "cumplir con el acuerdo del Pacto del Agua" y compensar a Santaliestra por los gastos de la lucha contra el pantano. Según este testigo, el Ayuntamiento podía disponer de ese dinero para sus gastos porque ya había pagado a los abogados anteriormente. A preguntas de la defensa, dijo que el propio Mur le contó que el secretario informó favorablemente la amortización de los créditos, "y es el que tiene los conocimientos legales". El funcionario municipal ha fallecido y no lo ha podido ratificar en el juicio.

En la segunda sesión de la vista oral también comparecieron los beneficiarios de la subvención. Una sociedad vecinal recibió 30.139,32 €, lo mismo que el padre del exalcalde, y los otros entre 6.000 y 15.000 euros. "Sabía que tenía que devolverlo", dijo Ernesto Mur. "Nos dijeron que llegaría una segunda subvención, pero que, si no era así, tendríamos que devolverlo", comentó otra beneficiaria, en alusión a una ayuda del Instituto Aragonés del Agua teóricamente destinada a los particulares. Todas las personas a las que se saldaron sus créditos se vieron obligadas a depositar las cantidades como fianza en el juzgado, aunque ahora el dinero ya ha sido devuelto al Ayuntamiento, quien no lo reclamó hasta 2016, 10 años después.

Entre los testigos de ayer también estaban otros vecinos que no se vieron beneficiados por la subvención, pese a tener los mismos gastos de abogados. Uno de ellos, Pedro Aventín, era teniente de alcalde con Javier Mur. Aseguró que se enteró del destino del dinero en un pleno, en el turno de ruegos y preguntas, y que le recriminó al alcalde que no fuera para pagar las deudas municipales. Él escribió a la Diputación de Huesca "para preguntar por qué unos cobraron y otros no, y entonces me dijeron que ese dinero era para el Ayuntamiento, no para los particulares". Admitió que ahora no se hablaba con Mur, al que le ha puesto varias querellas, pese a que fueron compañeros de corporación y ambos militaban en Chunta Aragonesista.

El juicio ha evidenciado las malas relaciones de algunos residentes con el exalcalde por el reparto del dinero solo a unos pocos. De hecho, el proceso se inició con una querella de un grupo de cinco personas. Muchos vecinos tuvieron que afrontar gastos elevados para luchar contra las expropiaciones por el embalse, aunque finamente no se construyó. Hoy todavía perviven las secuelas de ese conflicto.