El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha firmado un decreto por el cual el Ayuntamiento renuncia al uso del edificio de los antiguos juzgados, ubicado en el Coso Bajo, y devuelve su titularidad al Gobierno de Aragón. La cesión de este espacio y de la antigua Audiencia Provincial se produjo en septiembre de 2016, casi dos años después de que ambos quedaran vacíos por el traslado de los servicios judiciales al nuevo Palacio de Justicia.

El edificio del Coso Alto, con 847 m2, iba a ser la nueva sede del Servicio Social de Base, que ahora comparte espacio con otros departamentos de la misma área municipal en la calle de San Bernardo. En este mismo inmueble iban a ubicarse, además, el Consejo de la Juventud y el Círculo Republicano y se estudiaban otras solicitudes de uso de distintas asociaciones.

Según el decreto de alcaldía, "el edificio de los juzgados (...) no va a ser destinado al uso previsto en el documento de cesión formalizado con la Comunidad Autónoma de Aragón el 7 de septiembre de 2016". Según el grupo municipal del PP, el alcalde se escuda en "un supuesto interés de la Comarca de la Hoya de Huesca en ocupar este espacio" y renuncia expresamente a su uso municipal, "sin hacer mención alguna a otros afectados".

La concejal popular Antonia Alcalá señala que se trata de "un perfecto ejemplo de la gestión del tripartito, que vende humo hasta que se impone la realidad". La edil denuncia que "se mintió a colectivos y asociaciones, e incluso a la opinión pública, avanzando una tormenta de ideas grandilocuentes que ni siquiera se materializaron en un proyecto".

El gobierno municipal (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) confirmó ayer la renuncia a la cesión del edificio del Coso Alto, pero eludió ofrecer explicación alguna sobre los motivos, emplazando a una rueda de prensa que ofrecerán hoy el alcalde de Huesca y el presidente de la Comarca, Jesús Alfaro.

El PP critica además que, solo en los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha pagado 5.100 euros en facturas de electricidad para un edificio que, a día de hoy, sigue vacío. Alcalá sostiene que "el propio decreto evidencia que el tripartito jamás tuvo un interés sólido y fundamentado en reactivar el uso de los antiguos juzgados y se limitó a construir castillos en el aire". "Por desgracia, los castillos de Felipe los pagan los oscenses de su bolsillo", añade la edil.