Trece hombres que han sido víctima de explotación sexual y laboral han pasado ya por el piso tutelado que abrió hace dos años Cruz Blanca en Huesca, un proyecto único en España y también en Europa, donde solo hay otros dos iguales. La fundación ha asumido en solitario los gastos de funcionamiento, pero para evitar que corra riesgo su pervivencia reclama financiación pública estatal o autonómica.

Así se lo transmitió Juan Vela, director de la Casa Familiar de la Cruz Blanca, a una delegación de diputados y senadores del PP (Antonio Villacampa), PSOE (Gonzalo Palacín y Begoña Nasarre) y Ciudadanos (Manuel Rodrigo), que visitaron este viernes la sede de la entidad, además del alcalde, Luis Felipe, y el portavoz municipal de C’s, José Luis Cadena.

Cruz Blanca, que ya fue pionera con la puesta en marcha de un piso para atender a víctimas de trata con menores a su cargo, abrió en 2005 uno especializado en hombres con cuatro plazas. Hasta ahora han atendido ya a 13 víctimas con perfiles, nacionalidades y edades diferentes.

"Estamos buscando el apoyo a todos los niveles para poder hacer una buena atención porque es un proceso muy largo", aseguró Pili Paúl, técnico de Cruz Blanca. En este sentido, explicó que estos hombres que han sido víctimas de trata llegan derivados de otras entidades sociales de España o de las unidades especializadas de la Policía Nacional (Ucrif) y de la Guardia Civil (Emume). "Hacemos la acogida, el proceso de recuperación psicosocial, porque vienen muy deteriorados, y le acompañamos durante el itinerario de incorporación", dijo.

Pili Paúl insistió en que es un recurso "muy complicado" de llevar adelante por las barreras idiomáticas, la diversidad cultural... "Son procesos muy complejos porque tenemos muy trabajado la trata de explotación sexual en mujeres, pero la victimización que se produce en los hombres no está trabajada todavía. Parece que el hombre no puede ser engañado y la explotación es todavía más vergonzante. Y en la laboral, la culpabilización es mucho mayor. Todo eso alarga todavía más la intervención", resaltó.

El piso para mujeres explotadas con hijos a su cargo sí que dispone de ayudas públicas. En este caso, son detectadas principalmente en Ceuta y Algeciras y desde allí son trasladadas a dos viviendas tuteladas en Aragón. Desde 2015 han pasado por el piso un total de 15 mujeres.

Juan Vela pidió a los congresistas y senadores altoaragoneses una "alianza" con las entidades sociales de la provincia "para que de forma periódica pudiéramos tratar los problemas y que no se pierdan los programas sociales". A este respecto, denunció que con la crisis ha desaparecido también la financiación para los programas de prevención de sida y drogodependencias, y que no reciben "ni un euro" del IAM para el programa Cambalache, que el año pasado atendió a 1.200 mujeres víctimas de prostitución "y que lo están copiando en otras comunidades autónomas".

Tras la reunión, los diputados y senadores se comprometieron a trasladar sus reivindicaciones a Madrid. Antonio Villacampa (PP) afirmó que "aunque es una competencia fundamentalmente autonómica, se pueden hacer cosas a todos los niveles". Gonzalo Palacín y Begoña Nasarre (PSOE) reconocieron estar "sorprendidos" de la singularidad de los programas de la entidad "y ahora tenemos que intentar que estén bien financiados". Y Rodrigo Gómez (C’s) alabó el "extraordinario, modélico y único trabajo" de Cruz Blanca.