Una parte de los temporeros llegados a las comarcas frutícolas del Bajo Cinca y el Cinca Medio residen en infraviviendas, en su mayoría casas abandonadas, almacenes, pajares o casetas de huerta que carecen de servicios básicos como agua corriente, luz eléctrica o sanitarios. El perfil mayoritario se corresponde con un hombre de entre 25 y 45 años de edad, desempleado y de origen subsahariano.

Así lo desvela un informe de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, realizado en la anterior campaña y que estudia cuatro municipios del Bajo Cinca (Fraga, Zaidín y Belver) y el Cinca Medio (Albalate). Desde hace tres años, la organización hace un seguimiento de estas poblaciones para prestar ayuda a los temporeros más vulnerables. En 2016, detectó la existencia de 16 infraviviendas en las que residían unos 250 temporeros. Respecto a 2015, las cifras han mejorado, pues entonces fueron detectadas 25 con 400 personas.

A raíz del primer informe, alentados por la organización caritativa, los ayuntamientos y comarcas decidieron actuar con el fin de mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, ofreciendo alojamientos alternativos y en algunos casos instando a los propietarios al cierre de las construcciones ocupadas, explica el director de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, José Luis Escutia, "satisfecho" con el esfuerzo de las administraciones.

De las 16 infraviviendas detectadas en 2016, seis estaban situadas en Zaidín y en ellas malvivían alrededor de 118 personas. En Fraga, fueron cinco con 12 temporeros; en Albalate de Cinca, cuatro con 53; y en Belver, una con 45. En la mayoría de los casos, se trataba de construcciones abandonadas ocupadas sin contar con el permiso de los propietarios. En otros, los empleadores fueron los que ofrecieron este tipo de alojamientos conscientes de sus malas condiciones.

En Belver de Cinca, la infravivienda detectada se corresponde con un antiguo pajar, que ha vuelto a ser ocupado a lo largo de los últimos meses, después de que el propietario intentara sin éxito desalojarlo, según explicó el alcalde, Miguel Ángel Revuelto. En 2015, la localidad contaba con una segunda, un almacén, que ha sido tabicado por su propietario a instancias del consistorio, lo que ha evitado su ocupación.

En Fraga, el Ayuntamiento también ha actuado en tres: dos han sido cerradas y en una tercera el consistorio deberá actuar de forma subsidiaria, tras la falta de respuesta del propietario, según explicó el alcalde, Miguel Luis Lapeña. También trata de evitar nuevos hacinamientos y para ello obliga a contar con un permiso especial a aquellos que registren a más de seis personas en un mismo inmueble.

En Zaidín, el consistorio también ofrece espacios alternativos y busca la forma de evitar la existencia de infraviviendas, lo que, según reconoce su alcalde, Marco Ibarz, resulta "complicado, ya que muchas personas llegan sin contar con vivienda ni trabajo".

Durante la campaña de 2016, a través de este plan especial, Cáritas realizó 87 visitas a los asentamientos localizados y atendió a 183 personas, a las que entregó lotes de comida, sacos de dormir, zapatos o ropa. Para llevar a cabo este programa, cuenta con un trabajador social y un mediador intercultural de origen senegalés, lo que "facilita la localización y acercamiento", señala Escutia.

De los entrevistados en 2016, un 26% carecían de contrato y además un alto porcentaje cobraba jornales por debajo del convenio o no cotizaban las horas reales trabajadas. De igual modo, el estudio ofrece otros datos significativos sobre el perfil de los residentes en estas infraviviendas. En su mayoría, eran hombres de origen subsahariano, principalmente de Mali y Senegal, con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años de edad.

Respecto a la procedencia, había dos tendencias predominantes: los que llegaban de localidades próximas, principalmente catalanas, con la intención de regresar a su lugar de residencia al acabar la temporada; y aquellos que carecían de una vivienda estable y se desplazaban por la ruta de las campañas agrícolas.