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La DGA reclama 18 millones a regantes de Valfarta por unas obras de hace 20 años

Hay unos 350 agricultores afectados, que están en desacuerdo con la liquidación del plan de transformación.

El Gobierno de Aragón ha exigido a los regantes de la comunidad de San Miguel, que tiene su sede en la localidad de Valfarta, el pago de casi 18 millones de euros derivados de la liquidación de las obras de transformación en regadío de los sectores I y II de la zona de Monegros. En total, hay unos 350 agricultores afectados que deberán abonar 4.600 euros por hectárea, lo que, según indican, pone en riesgo la viabilidad de sus explotaciones.

La notificación del cobro, que tuvo lugar el pasado mes de abril, ha pillado "por sorpresa" a los implicados, que cuentan con tierras en los términos municipales de Sena, Peñalba, Villanueva de Sijena, Ontiñena y Valfarta. Los trabajos fueron entregados hace más de 20 años. El colectivo ha presentado alegaciones contra la liquidación del proyecto, ya que está en desacuerdo tanto con las formas como con el fondo.

En concreto, critican que la notificación haya sido enviada sin informar previamente a los regantes y además consideran que los pagos establecidos son "excesivos", especialmente atendiendo al hecho de que el proyecto excluía el coste de las líneas eléctricas. De igual modo, creen que la documentación facilitada resulta "insuficiente" y ante todo muestran su desacuerdo con los plazos, ya que "implican un fuerte desembolso económico en un corto plazo de tiempo", lo que puede tener "importantes repercusiones en la viabilidad de las explotaciones".

Los propietarios de más de 25 hectáreas deberán pagar en 5 años y el resto, en 20. Según fuentes de la DGA, un 92% tienen menos de 25 hectáreas y por lo tanto solo un 8% forma parte del primer supuesto. No obstante, la legislación actual permite ampliar el plazo, lo que, según el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, es voluntad del Gobierno de Aragón. "Dentro del marco legal, estamos trabajando para hacer más asequibles los pagos, ya que entendemos que se trata de un coste elevado y queremos activar los mecanismos necesarios para que ningún agricultor tenga dificultades", insistió Nogués.

Imperativo legal

El pago exigido afecta a las denominadas obras de interés común, es decir, redes de riego, estaciones de bombeo o balsas de regulación interna, cuya financiación adelanta la administración. Del conjunto, un porcentaje es asumido por el Ministerio y otro por la DGA. No obstante, desde el principio, el regante sabe que deberá devolver el 60% de los costes sin intereses. Para ello, según la legislación actual, es necesario que de forma previa sea publicada la puesta en riego y el cumplimiento de índices de intensidad de los cultivos afectados.

El trámite corresponde a la administración autonómica y en muchos casos, ha sido obviado o simplemente, se ha dejado prescribir, lo que hace que otras comunidades en la misma situación se hayan librado de estos pagos. Otras lo han abonado.

En el caso de San Miguel, la publicación tuvo lugar en 2013, lo que activó el proceso y por lo tanto obligó a la administración autonómica a darle continuidad en un plazo máximo de cuatro año. De hecho, de haberlo ignorado, "podríamos habernos enfrentado a importantes consecuencias legales", indicó Nogués. Detalló que está previsto realizar un análisis general de la situación de las distintas comunidades y de este modo evitar agravios comparativos. De una u otra forma, DGA y regantes son partidarios de abrir un proceso de diálogo. Los agricultores cuentan con el apoyo de Riegos del Alto Aragón y de los sindicatos agrarios.

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