La DPH propone un servicio de bomberos con el doble de profesionales valorado en 5 millones

Plantea a la DGA aportar 2 millones de euros cada una y otros 155.000 entre comarcas y ayuntamientos. El nuevo mapa exigiría subir el tiempo máximo de respuesta, fijado en 35 minutos.

Fuente: Diputación Provincial de Huesca
Fuente: Diputación Provincial de Huesca
Heraldo

Cuatro zonas de intervención atendidas por 16 parques (4 principales y 12 de apoyo), 133 profesionales –el doble que ahora– otros 22 a tiempo parcial y 131 voluntarios, y un coste de mantenimiento de casi 5 millones de euros al año. Este es el mapa definitivo del servicio de bomberos que ha dibujado la Diputación Provincial de Huesca tras varios meses de estudio para resolver por fin la histórica falta de medios humanos y de organización.

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, ya le ha hecho llegar la propuesta tanto al presidente de Aragón, Javier Lambán, como al consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Y es que el concurso de la DGA es imprescindible para sacar adelante este proyecto ya que la Diputación propone firmar un convenio al menos hasta 2019 por el que cada administración aporte 2.006.089,66 euros anuales, es decir, el 82% del coste total, y que el resto sea sufragado por comarcas y ayuntamientos (155.620 euros) y el Consorcio de Seguros (715.200).

Propuesta "realista y viable"

Gracia sigue insistiendo en que la solución definitiva pasa por implantar un servicio autonómico, como establece el artículo 4.5 de la Ley del Fuego, pero añade que hasta entonces las administraciones implicadas están "obligadas" a coordinarse y aunar esfuerzos que permitan prestar este servicio "del modo más óptimo posible". Por ello, traslada al Gobierno de Aragón una propuesta, acordada de forma unánime por todos los grupos, que califica de "realista y viable" y que "garantiza la protección de los ciudadanos en una provincia donde, no debemos olvidar, su orografía, las carencias económicas y organizativas y, en ocasiones, el deficiente estado de la red autonómica de carreteras hace imposible cumplir con las obligaciones de tiempo de respuesta impuestas reglamentariamente". Por ello, también insta al Ejecutivo autonómico a modificar "al menos transitoriamente" las normas que fijan el modelo de organización y los tiempos máximos de respuesta de 35 minutos.

Así las cosas, la Diputación propone dividir la provincia en cuatro zonas de intervención de dos o tres comarcas cada una. La zona I la formarían el Alto Gállego y la Jacetania con cuatro parques, uno principal (Sabiñánigo) y tres secundarios (Jaca, Puente La Reina y Hecho). Entre todos sumarían 25 profesionales (15 más que ahora) ya que Sabiñánigo pasaría de 10 a 13 y Jaca –el servicio es atendido ahora por brigadas municipales– y Puente La Reina tendrían 6 cada uno.

La zona II estaría englobada por Somontano, Sobrarbe y Ribagorza con un parque principal en Barbastro y cuatro de apoyo en Boltaña, Benabarre, Villanova y Graus. La plantilla de profesionales aumentaría de 19 a 31 con 8 nuevos bomberos en Barbastro (que seguiría contando además con otros 10 a tiempo parcial) y 2 más en Boltaña y en Villanova.

La Hoya y Los Monegros formarían la zona III con un parque principal en Huesca y tres de apoyo en Almudévar, Ayerbe y Sariñena. La plantilla total pasaría de 38 a 52 bomberos con 5 nuevos profesionales en Huesca, 6 en Sariñena y 3 en Almudévar.

Por último, el Cinca Medio, La Litera y el Bajo Cinca compondrían la zona IV con un parque principal en Fraga con 13 profesionales (3 más que ahora) y dos secundarios en Monzón y Binéfar con 6 bomberos cada uno. En la capital montisonense mantendrían otros 12 a tiempo parcial.

Tres nuevos parques

El programa de inversiones a corto plazo que plantea la DPH para la mejora de infraestructuras es de momento limitado con solo tres nuevos parques en Jaca-Sabiñánigo (la ubicación definitiva está sin definir), Puente La Reina y en Sariñena. Se contempla la adquisición de un camión con escalera para Fraga y de otro camión para Sariñena. Además de estos 16 parques, se crearía una oficina de coordinación autonómica con siete trabajadores y un coste anual de 300.000 euros.

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