Huesca
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La limpieza viaria será municipal en julio pero no se asegura la recuperación de otras contratas

El Ayuntamiento de Huesca pide al Gobierno central la retirada de la disposición que, denuncia, intenta frenar la remunicipalización de los servicios contratados.

La contrata del servicio de limpieza viaria de Huesca termina a finales de junio.
La limpieza viaria será municipal en julio pero no se asegura la recuperación de otras contratas
Rafael Gobantes

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) llevará al próximo pleno la encomienda de gestión de la limpieza viaria para que la empresa pública Grhusa se haga cargo del servicio a partir del mes de julio, cuando finaliza la contrata firmada en 2013 con FCC. En principio, la veintena de trabajadores empleados por esta compañía quedarán subrogados por la nueva entidad.

La remunicipalización de la limpieza de edificios y la ayuda a domicilio no será tan fácil. Es más, puede que no llegue a realizarse si se aprueba una disposición adicional en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que limita la incorporación de personal laboral al sector público, según alertaron ayer el alcalde, Luis Felipe, y el concejal de Cambiar Luis Arduña.

La remunicipalización de las grandes contratas del Ayuntamiento de Huesca es uno de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno firmado por las tres fuerzas políticas para este mandato. El alcalde, el socialista Luis Felipe, señaló ayer en rueda de prensa que "compartimos la misma idea de que hay que recuperar las gestión de los servicios esenciales desde lo público, frente al anterior mandato (del PP) en el que se caminó en la senda de las privatizaciones".

Felipe recordó que el Ayuntamiento lleva dos años trabajando el proceso de remunicipalización con los sindicatos y los servicios jurídicos con la premisa de que este no conllevara pérdida de puestos de trabajo. "Legalmente es posible y ante ello nos encontramos con el riesgo de que, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno del PP ponga barreras para impedirlo", apuntó el alcalde.

La disposición señala que, con la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto y con una vigencia "indefinida", las administraciones públicas "no podrán considerar como empleados públicos" ni incorporar a esta condición a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos cuando estos se extingan porque finalice el contrato o porque se recuperen.

Luis Arduña, responsable del proceso de remunicipalización, explicó que en el caso de los trabajadores de FCC en Huesca, estos pasarán a ser empleados de Grhusa como indefinidos no fijos, "lo que no supone que pasen a formar parte de la administración pública por la puerta trasera". El concejal indicó que ellos son conscientes de que en un proceso de selección pueden perder su puesto porque "legalmente no cabe otra posibilidad". "Pero aún así prefieren esta opción", añadió.

Arduña entiende que si el acuerdo de remunicipalizar el servicio de limpieza se toma antes de que se apruebe y entre en vigor la Ley de Presupuestos, este proceso no resultará afectado. "En caso contrario, se vería cuáles son las afecciones", dijo.

"Incertidumbre"

El concejal reprochó al Gobierno central que "introduzca elementos de incertidumbre para los trabajadores" y manifestó que el caso de la contrata de limpieza viaria, que expira a finales de junio, el proceso está tan avanzado "que no hay vuelta atrás". La nueva norma sí que afectará a la recuperación de los servicios de limpieza de edificios municipales y ayuda a domicilio, que presentan una resolución más complicada por sus propias características.

Luis Arduña afirmó que esta disposición es "un obstáculo que introduce el Gobierno del PP ante la evidencia de que la remunicipalización está saliendo adelante en varias ciudades". "No solo es una opción política legítima sino que además está justificada desde ámbitos como el Tribunal de Cuentas", apostilló.

El gobierno municipal ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en el Congreso para que "decaiga en la tramitación esta norma hecha a medida para frenar los procesos de remunicipalización y no se perjudique a los trabajadores".

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