El Equipo de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), de la Guardia Civil de Huesca, detuvo el pasado 1 de febrero, en la segunda fase de la operación 'Entreprise', a dos varones de 33 y 54 años vecinos de Barcelona, como supuestos autores de diez delitos de robo con fuerza en las cosas llevados a cabo en repetidores de telefonía móvil en Benabarre, Monzón, Velillas, Siétamo, Loporzano, Huesca, Torrente de Cinca, Viacamp, Castillo de Laguarres y Camporrells a lo largo de 2016, con un valor aproximado de 130.000 euros.

También se le imputaron estos delitos a otros dos integrantes del grupo criminal, que se encuentran en prisión tras su detención en la primera fase de la operación.

La operación 'Enterprise' se llevó a cabo en verano del 2015 y sirvió para localizar un grupo criminal que actuaba principalmente en las provincias de Huesca y Lérida robando baterías de repetidores de telefonía móvil.

Esta primera fase de la operación culminó con la detención de 5 personas, a las cuales se les imputaban 20 delitos de robo con fuerza en las cosas. Tres de los detenidos ingresaron en prisión.

Tras los arrestos, la Guardia Civil continuó su investigación para esclarecer otros robos cometidos con un 'modus operandi' muy similar y perpetrados en otros repetidores de la provincia de Huesca, que ha acabado con dos nuevas detenciones.

'Modus operandi'

Los detenidos buscaban y localizaban repetidores de telefonía móvil con cobertura a las principales vías de comunicación, facilitando así su huida. Una vez localizados, rompían el vallado perimetral, forzaban las puertas de acceso a las instalaciones y sustraían las baterías de emergencia y el cable de toma de tierra de las antenas para venderlas en centros de residuos.

Con esta nueva actuación se han esclarecido un total de 30 robos (20 en la primera fase y otros 10 en la segunda), en los que se sustrajeron 253 baterías y gran cantidad de cable de cobre, siendo el valor aproximado del material sustraído de 130.000 euros y los daños ocasionados en las instalaciones ascenderían a unos 20.000 euros, sumando en total unos 150.000 euros.