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Huesca

El Estado otorga una ayuda a la víctima de una brutal paliza en el Tubo que quedó incapacitada

El hombre, de 43 años, que fue agredido en un bar sin mediar discusión, incluso recurrió a Cáritas para comer. Se condenó a un menor a una indemnización de 660.000 €, pero la familia era insolvente. Cinco adultos están por juzgar.

Cronología de los hechos.
Cronología de los hechos.
HA

La vida de Jesús B., un vecino de Huesca de origen ecuatoriano y nacionalidad española, cambió radicalmente el 20 de julio de 2013. Víctima de una bruta paliza en un bar del Tubo por parte de al menos seis hombres a los que ni conocía, pasó 97 días en el hospital y con 43 añosya nunca pudo volver a trabajar. Hasta que la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral absoluta, incluso tuvo que recurrir a Cáritas para poder comer.

Ahora, recibirá una ayuda del Estado de 34.506 euros. Está muy lejos de la indemnización de 662.000 € fijada por la Audiencia de Huesca, pero "algo es algo", dice su abogado, Ricardo Orús. Por estos hechos se condenó a un menor, cuya familia se declaró insolvente, y están pendientes de juicio cinco adultos que presuntamente también participaron en la agresión, que en su día la Policía relacionó con una trama de extorsión al dueño del local.

La ayuda la solicitó el abogado en aplicación de la ley que ampara a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. El Ministerio de Hacienda se la acaba de conceder, atendiendo a la gravedad de las lesiones, que lo han incapacitado permanentemente para realizar cualquier trabajo.

La agresión se produjo en el bar La Luna, cuando estaba tomando una copa con dos familiares. El menor y otras personas lo atacaron sin mediar discusión. Aun estando en el suelo inconsciente le siguieron pateando. La lista de lesiones y secuelas es larga. La más grave, un traumatismo craneoencefálico que casi le cuesta la vida. Sufre, entre otras cosas, cefaleas, vértigos, alteración del sueño, de la memoria y del carácter, afección al gusto y el olfato y limitación de la visión.

El Juzgado de Menores condenó a dos años de libertad vigilada al un joven, que justo el día del juicio cumplió la mayoría de edad. Fijó una indemnización de 513.764 €, de la que debían responder los padres como responsables civiles, y la Audiencia la aumentó a 662.099, pero la familia se declaró insolvente.

Doble injusticia

En vista de que sería difícil cobrar la indemnización, a principios de este año Ricardo Orús solicitó una ayuda al Estado con cargo a la ley de asistencia a víctimas de delitos violentos, creada para intentar paliar el abandono en que quedan tanto en el terreno económico como social y psicológico. "Es la única vía legal para que una víctima sea compensada por un delito violento en el que el culpable es insolvente, una solución para evitar la doble injusticia de sufrir un delito y encima no cobrar. Es poco conocida y menos utilizada", declara, precisando que "la naturaleza jurídica de esa ley no es suplir una indemnización establecida por sentencia". El dinero deberá devolverlo si, en tres años, es resarcido.

El proceso judicial no ha acabado. La Audiencia juzgará en 2017 a cinco adultos por los mismos hechos: Juan O. B., José Enrique G. G., José Ramón G. G., Santos G. G. y Mario G. G., y el fiscal pidió el sobreseimiento provisional respecto a un sexto.

Según Ricardo Orús, la víctima no tenía ninguna relación con los agresores, era solo un cliente del bar. "Desde entonces, ha cambiado su vida, era un hombre en edad laboral activa, con un trabajo estable y ahora cobra una pensión y es dependiente". El único que confesó fue el menor, los otros acusados niegan su participación, pese a que está probada la intervención de un gran número de personas. "Todos participaron activamente e incluso lo golpearon cuando estaba en el suelo y no podía defenderse", dice el abogado.

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