Después de un año en blanco con un gobierno en funciones, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha reactivado los proyectos de los embalses de Almudévar y Biscarrués. Lo anunció ayer el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, durante la celebración de la octava jornada informativa de esa comunidad, dedicada este año a las aplicaciones de teléfonos móviles adaptadas a la agricultura y el regadío.

En el caso de Almudévar solo quedaba un obstáculo por salvar antes de remitirlo al Consejo de Ministros: la emisión del preceptivo informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, los letrados eran reticentes a realizar cualquier avance con un gobierno interino. Trillo habló ayer mismo con la directora general del Agua, Liana Ardiles, y dijo que "los abogados del Estado preferían que las decisiones se tomaran una vez que el gobierno ya no estuviera en funciones".

El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que acudió a clausurar la jornada informativa en el Parque Tecnológico Walqa, confirmó "la reactivación de los proyectos". En el de Almudévar, informó Jaime Haddad, "existía un informe de la Abogacía que ponía en duda que en funciones se pudiera afrontar una obra de esa envergadura, por si había cambio de gobierno. Ya tenemos gobierno, se ha vuelto a meter el expediente en la Abogacía del Estado y estamos haciendo las gestiones para que emitan su informe y se pueda aprobar el proyecto definitivo lo antes posible".

El embalse, a 14 kilómetros de Huesca, se adjudicó a la UTE formada por Sacyr y Corsan-Corvián Vías y Construcciones y Sogeosa por 109 millones de euros. Tienen 48 meses para levantar dos presas con una longitud de 2.400 y 3.900 metros y una altura de 41,5 y 26 metros que cierran una amplia vaguada cercana a la localidad de Almudévar.

Ahora, una vez superado el último trámite, que es la aprobación definitiva, se podrá remitir al Consejo de Ministros para que este decrete la urgente ocupación de los terrenos para poder iniciar las expropiaciones. "Ya se ha puesto todo en marcha otra vez", declaró satisfecho César Trillo.

En noviembre de 2015, los 250 propietarios afectados fueron convocados por la Confederación Hidrográfica del Ebro para informarles de las cantidades que iba a pagar. El proceso se paró aquí. Un mes después se celebraron las elecciones legislativas, pero no ha habido nuevo gobierno hasta noviembre de este año.

En cuanto a Biscarrués, la empresa encargada de la redacción del proyecto ya lo entregó a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), promotora de la obra, y ha sido revisado por la CHE. Ahora está en el Ministerio para que los técnicos de distintos departamentos le den el visto bueno. Según el presidente de Riegos del Alto Aragón, beneficiaria de la presa de regulación del Gállego, "Biscarrués, después de las vacaciones de verano, debería de estar listo para su licitación".

Ya cuenta con una declaración favorable de impacto ambiental, realizada en base a un anteproyecto, de forma que la redacción del proyecto ha debido adaptarse a las prescripciones impuestas por el Ministerio. "Los cambios que ha habido no son significativos como para suponer que deba haber una nueva declaración de impacto ambiental", afirmó el presidente de Riegos.