El Gobierno aragonés tampoco aplicará en 2017 el polémico impuesto a las estaciones de esquí

Con la temporada invernal a la vuelta de la esquina, las estaciones de esquí, y por extensión los ayuntamientos del Pirineo y el sector turístico en general, han recibido con alivio la noticia de una nueva moratoria en el impuesto que gravaría el transporte por cable. El anuncio lo hizo en las Cortes de Aragón el portavoz socialista, Javier Sada, en respuesta a una petición del PAR sobre su eliminación definitiva. Sada se comprometió, "porque así lo plantea el Gobierno", a mantener un año más la suspensión ya acordada para 2016, hasta no tener un estudio detallado de la repercusión del tributo en el turismo de la nieve.

La propuesta de resolución del PAR incidía en el daño que puede causar al sector, "uno de los cuatro considerados estratégicos en la economía aragonesa", apostilló la diputada de esta formación, Elena Allué. A su juicio, la suspensión en 2017 "no es suficiente", pero cree que con un gobierno en minoría será muy difícil imponerlo.

El portavoz socialista, por su parte, explicó su rechazó a la iniciativa del PAR porque una propuesta de resolución no puede cambiar la ley de acompañamiento de los presupuestos donde figura ese impuesto. No obstante, según aseguró, no se hará efectivo en 2017. "El mensaje está claro: se amplía la moratoria", declaró. Sobre su posible aplicación en el futuro, dijo que el Gobierno de Javier Lambán no tiene intención "de ponerlo en marcha en esta situación".

El impuesto de transporte por cable aplicado a las estaciones del esquí aragonesas por los teleféricos y los remontes fue creado por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias en 2005 y derogado en 2012 por Luisa Fernanda Rudi, pero la reforma fiscal de 2015 lo recuperó. Pese a que como tributo medioambiental tiene el aval del Tribunal Supremo, la fuerte oposición suscitada en los valles del Pirineo aconsejó al actual Gobierno establecer una moratoria hasta el 1 de enero de 2017, que ahora se ampliará."Una buena noticia"

El Ayuntamiento de Jaca fue el primero en mostrar su satisfacción porque cree que perjudica la actividad empresarial, sobre todo de las estaciones privadas (Astún y Candanchú) de su zona de influencia. "Es una buena noticia para el desarrollo de las estaciones", señaló en un comunicado. El impuesto del cable, añadió, afecta directamente a las cuentas de resultados de las empresas de la nieve y puede influir en su funcionamiento futuro.

La moratoria supone "un respiro", aseguró el director comercial de Astún, Andrés Pita. Solo a este centro invernal del valle del Aragón le suponía un desembolso anual de unos 300.000 euros. Astún llevó su oposición a los tribunales y planteó un recurso contencioso-administrativo, que perdió en el Supremo. Según alegó en el pleito, los resultados de la empresa eran negativos y, si algún año habían resultado positivos, el tributo absorbía prácticamente el 90% de los beneficios. Por otra parte, repercutirlo en el usuario a través del forfait restaría capacidad competitiva a las pistas aragonesas frente a la vecina Cataluña. "Es inasumible", reiteró ayer Andrés Pita, "solo hay que mirar las cuentas de explotación de cualquier estación". "Lo deseable sería que no se aplicara nunca, en todo caso la moratoria es un mal menor", comentó, recordando que no existe en ninguna comunidad española ni en ningún país europeo.

La cuota prevista para los teleféricos y remontes es de 12 euros por cada metro de longitud y 5.040 € por cada transporte colectivo. Establece también una diferencia si las instalaciones se encuentran en pistas de esquí alpino o son, por ejemplo, un remonte de uso forestal. En ese caso, se incrementa en un 25% o un 50% dependiendo de la superficie del dominio esquiable (más o menos de 40 km).