Dos técnicos de la DGA declaran por irregularidades en las obras del vertedero de Bailín
Ambos han subrayado que ni ellos, ni los técnicos de Sarga y de las adjudicatarias detectaron irregularidades.
Los dos técnicos del Gobierno aragonés que han declarado este lunes, como investigados ante la juez de Jaca (Huesca) que investiga presuntas irregularidades en el traslado de residuos del pesticida lindano a su nueva ubicación en el vertedero de Bailín, han asegurado que no detectaron deficiencias en el proceso.
Las declaraciones hechas por los dos técnicos del servicio de Control Ambiental del Ejecutivo regional son las primeras de una tanda que llevará a lo largo de las próximas semanas a catorce personas vinculadas al Gobierno aragonés, la sociedad pública Sarga y a las empresas adjudicatarias de los trabajos.
Fuentes judiciales consultadas han indicado que los dos técnicos de la DGA, cuya comparecencia se ha prolongado entre las 9.30 y 18:30 de la jornada debido al número de preguntas y de abogados intervinientes en la causa, han subrayado que ni ellos, ni los técnicos de Sarga y de las adjudicatarias detectaron irregularidades.
Ambos técnicos han respondido a numerosas cuestiones sobre el lindano antes de subrayar que cuando asumieron el cargo el proyecto ya estaba en marcha y que ellos se limitaron a realizar un seguimiento de los trabajos.
No obstante, han coincidido en responsabilizar de la situación a la empresa causante de los vertidos incontrolados de los residuos de lindano hasta su cierre al principio de los años noventa del pasado siglo, Inquinosa.
La instructora, que investiga los hechos como un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevé tomar declaración en las semanas próximas como investigados (antiguos imputados) a cinco responsables de Sarga y a siete de la UTE adjudicataria del proyecto.
El pasado mes de julio y a petición de la fiscalía, la juez declaró el carácter complejo de la causa para ampliar el periodo de instrucción hasta los 18 meses y acordó citar tanto a los catorce investigados como a otras trece personas, entre peritos y testigos.
Además requirió el contrato de obra suscrito entre Sarga y la UTE adjudicataria y los seguros contratados, así como un informe del Servicio Provincial de Salud Pública de Huesca en torno a las prohibiciones establecidas en 2014 para consumir agua del río Gállego debido a la presencia de isómeros de lindano en el cauce.
A pesar de las pruebas ordenadas, los denunciantes, Ecologistas en Acción, manifestaron tras hacerse pública la lista de investigados de que la "cadena de responsabilidades" en relación al "desastre medioambiental" causado no está completa.
En su denuncia, los conservacionistas señalan que el traslado y tratamiento de los residuos se efectuó de forma temeraria, sin atender sistemáticamente las normas de salud pública y los procedimientos de seguridad establecidos por el Departamento de Medio Ambiente.
Durante el proceso de obras, relata el escrito de denuncia, se pudieron observar camiones cargados de residuos detenidos durante horas con la carga al descubierto, provocando así la dispersión de los tóxicos, así como trabajadores sin escafandra en la zona de máxima contaminación.
