Una explotación ganadera de montaña que cobró 1.160 euros, que fue la media del año pasado, este año ha percibido unos 2.400 euros por la Indemnización Compensatoria Básica (ICB). Esta es parte del llamado segundo pilar de la PAC y está destinada a compensar los sobrecostes que tienen por estar en la montaña para evitar el cese de la actividad. "La clave es que la población continúe en el medio rural", resalta el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués. El Gobierno de Aragón ha duplicado estas ayudas, aunque sin alcanzar el techo, que ya ha pagado a un total de 2.734 agricultores o ganaderos de montaña. Los sindicatos Asaja y UAGA aplauden esta medida.

En total, se han abonado 9,3 millones de euros por el año 2015, un 50% más de los 6 millones que se pagaron el año pasado por el ejercicio 2014. Las ayudas se habían mermado en los últimos años por las restricciones de las administraciones. Por un lado, se redujo el apoyo a las explotaciones prácticamente a la mitad: de 11 a 6 millones al año; y por otro, los pagos se realizaban hasta dos años después de la campaña en la que se generó el derecho. Como ejemplo, el año pasado también se tuvieron que pagar otros 6 millones que estaban pendientes del ejercicio de 2013.

En esta cantidad se incluyen todas las ayudas compensatorias que han llegado a unos 6.500 agricultores y ganaderos, aunque se mantienen igual las concedidas a explotaciones de otras zonas desfavorecidas por razones como la aridez del medio, la baja densidad de población o la baja actividad económica en general. Aunque intentarán realizar un esfuerzo en ese sentido, en este caso, se ha apostado por las zonas de montaña porque "es donde generalmente tenemos un riesgo muy evidente de pérdida de ganaderos", comenta Nogués. "Tienen más limitaciones y al final se produce una caída de censos de explotaciones. La medida pretende evitar que esto suceda y, por lo tanto, lo razonable es que intentemos pagar todo lo posible por la vía de la indemnización compensatoria", insiste.

La ayuda responde únicamente a la necesidad de compensar el hecho de que se encuentren en una situación más desfavorecida que el resto, ya que los costes de su actividad son mayores por encontrarse fuera de las rutas comerciales principales, lo que "difícilmente les permite ser competitivos en el mercado global". Una razón adicional para primar a las zonas de montaña es que se intenta paliar las pérdidas que han sufrido por la aplicación del modelo regional de la PAC, que deja fuera los pastos con arbolado. La mayoría de los beneficiarios son del Pirineo pero también de otras zonas montañosas de Teruel.

Los sindicatos UAGA y Asaja celebran estas ayudas que contribuyen a la rentabilidad de las explotaciones. Con todo, Asaja recuerda que está pendiente el pago de las agroambientales.

El director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, resalta que con esta medida "se intenta volver a la normalidad de las ayudas porque a nosotros nos interesa que en estas zonas haya agricultura y ganadería, ya que es lo que mantiene la densidad de población, que es muy baja, y además son los que precisamente cuidan el medio ambiente, que no es más que el resultado de la acción de la agricultura y la ganadería a lo largo de los siglos. Es clave que esa gente continúe en el territorio. Ese es el objetivo real".

De hecho, para Nogués, "el grave riesgo de la ganadería extensiva es que es una labor muy complicada, que exige un gran esfuerzo, por lo que la calidad de vida no es la misma. Además, insiste en que "la gente que está en el territorio protege un bien común, que es nuestra montaña".