Los municipios del Pirineo siguen sin sacar rédito de los embalses y las centrales eléctricas, pese a soportar sus afecciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se había comprometido con los ayuntamientos de Aínsa, Naval, Abizanda, La Fueva y Palo, en la comarca de Sobrarbe, y Secastilla, en la Ribagorza, a la cesión de una parte de la energía que el Estado tiene reservada (el 25%) de la producida en las centrales de El Grado I y II y Mediano, lo que se iba a traducir en la obtención de kilowatios más baratos para el mantenimiento del alumbrado e instalaciones municipales. Así se plasmó por escrito en un convenio, pero un año después el acuerdo no se ha materializado y ya se han cansado de esperar.

Lejos de resignarse, han iniciado acciones para la reclamación de la responsabilidad patrimonial, exigiendo a la CHE una compensación por daños y perjuicios, previa a la interposición de un pleito contencioso-administrativo. Tres de ellos ya han remitido el escrito y los otros tres están recopilando la documentación necesaria para formalizarlo, contando con la asesoría legal de la Diputación de Huesca.

En una carta al presidente de la Confederación, denuncian el incumplimiento del convenio suscrito entre este organismo y cada uno de los ayuntamientos en abril de 2015. El acuerdo se basaba en dos preceptos legales. El primero, el artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según el cual la energía reservada al Estado (en pago por la concesión de aprovechamientos) debía servir como elemento de restitución para los municipios que sufrieron afecciones por la construcción de los embalses. Además, el artículo 96.2 del Plan Hidrológico del Ebro redundaba en la "restitución económica y social" del territorio donde se generan los kilowatios.

Los convenios de colaboración firmados por el entonces presidente de la CHE, Xavier de Pedro, y los alcaldes de seis ayuntamientos afectados por las presas de El Grado y Mediano, que inundaron parte de su término municipal, debían aplicarse en 2015. Fijaban el precio de la energía reservada en 29,72 euros por kilowatio (más otros conceptos de la factura eléctrica como impuestos o gastos de gestión), lo que suponía un ahorro importante para las arcas municipales. En el caso de Aínsa, el más grande, se relacionaban en un anexo más de 60 puntos de suministro, correspondientes a alumbrado de calles o edificios públicos.

El informe emitido en su día por la Abogacía del Estado sobre el borrador del convenio lo avaló porque estaba "ajustado al ordenamiento jurídico", aunque pedía señalar expresamente que la energía se utilizara solo en servicios municipales, sin cederla a terceros.

Sin embargo, cuando el Ayuntamiento de Aínsa pidió explicaciones por el incumplimiento, el pasado mes de mayo, la Confederación se remitió a la letra pequeña para decir que dos de las cláusulas no se habían ejecutado antes de acabar el plazo, el 31 de diciembre. Una se refería al descuento de consumos horarios de la CHE y otra a la definición de la operativa técnica para la cesión. "Ninguna de estas condiciones tuvo lugar antes de la expiración del plazo", respondió, por lo que no procedía aplicarlo."Un claro perjuicio"

Los municipios argumentan que se concretaron todas las condiciones de la cesión (duración, puntos de suministro, precio...) y si no se ejecutó fue por la falta de cesión del sobrante de la energía. En el escrito al presidente, Raimundo Lafuente, los ayuntamientos hablan de "un claro perjuicio" y "un quebranto para las arcas municipales", ya que han tenido que pagar la luz a precio de mercado.

Los alcaldes afectados se quejan del fallido convenio pero su malestar va más allá, al fondo del asunto, y denuncian que nuevamente la Confederación no atiende el derecho a la restitución de los pueblos de montaña con embalses. "Parte de esa energía debía ser para los ayuntamientos", dice el de Aínsa, Enrique Pueyo (PSOE). La deuda histórica no se ha empezado a saldar, lamenta, y además el Gobierno ha modificado el Plan Hidrológico "para que no pintemos nada". "La restitución territorial se podrá hacer en toda la cuenca, de forma que se construye un embalse en el llano, en Almudévar, y se considera que es una compensación a la montaña", declaró, recordando una vez más que los embalses "inundaron pueblos enteros y las mejores tierras".

El alcalde de Naval, Javier Rodríguez (PAR), también se queja de la situación de los municipios de montaña. "Hemos tenido que soportar un embalse y, lejos de obtener algún beneficio, solo hemos sufrido los perjuicios, mientras las grandes empresas se aprovechaban de la producción de energía". Cree que la entrega de energía reservada fue un compromiso para dar "un primer paso" e intentar corregir ese agravio, "pero al final se ha quedado en nada".