Solicitar la paralización de la tala del abetal de la Sierra de Ferrera en el municipio altoaragonés de Laspuña hasta que se aclaren las condiciones en las que esta se está llevando a cabo es la petición que este lunes trasladará Juan Antonio Gil, en representación de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, al Director General de Gestión Forestal, José Ramón López Pardo. “Nuestra principal denuncia es que no se ha hecho ninguna evaluación del terreno de carácter técnico y científico, y dudamos de que se estén supervisando las tareas que allí se llevan a cabo”, explica Gil, que cifra en más de 1,000 los ejemplares que han podido ser ya talados.

Esta zona está considerada un Lugar de Interés Comunitario, incluido en la Red Natura 2000. Además, la asociación Fondo Natural, destaca también “la presencia en el ecosistema de varias especies de flora y fauna amenazadas, muy sensibles a cualquier alteración de las condiciones del medio”.

El origen de esta tala se sitúa en el año 2012, cuando el Ayuntamiento de Laspuña solicitó al Gobierno de Aragón la corta de algunos abetos de esa zona, al estar afectado por una plaga de muérdago. Fue tres años después cuando se aprobó llevarla a cabo, a través de un documento que desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos califican de “informe minimalista”, ya que consta de menos de un folio. En él se acepta la tala de unos 2,600 pies se abetos, “sin más precisiones”. Además, explican, en el expediente también constaba un informe de la Unidad de Biodiversidad más argumentado, en el que señala una posible compatibilidad del aprovechamiento de la madera si se cumplen varios requisitos.

“En la resolución de aprobación de la corta no se hace referencia alguna al condicionado del informe de la Unidad de Biodiversidad, ni al cumplimiento de los requisitos de actuación”, matizan desde la agrupación.

Por ello, esperan que en la reunión de este lunes puedan aclararse estos aspectos y saber si se están cumpliendo en las tareas que empezaron el pasado mes de julio en Sierra Ferrera. “Este tipo de actuaciones deben tener siempre la supervisión continua de un técnico forestal que indique qué ejemplares se deben cortar”, dice Juan Antonio Gil.

Además, apunta el representante de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos que con la tala no se soluciona el posible problema del muérdago. “Puede ser peor el remedio que la enfermedad”, denuncia. Desde el colectivo Fondo Natura argumentan esa idea. "Su presencia en grandes cantidades en algunos árboles supone el síntoma de que existe un problema, pero no quiere decir que sea la causa de éste, y su abundancia normalmente no compromete la supervivencia de los abetos, aunque sí que puedan frenar su crecimiento anual, afectando entonces al rendimiento económico", explican en declaración a agencias respecto al muérdago.

Sostienen también que “algunos procesos son cíclicos, o responden a episodios climáticos adversos y el bosque necesita tiempo para recuperarse, por lo que este tipo de intervenciones no le fortalecen y pueden acelerar o agravar más la situación, comprometiendo a medio plazo la supervivencia del propio abetal y de varias especies endémicas o amenazadas que tienen en esta zona uno de sus últimos enclaves".

Dentro de las denuncias de las diferentes asociaciones ecologistas se apunta también que la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos han causado innumerables daños en las raíces y troncos supervivientes, abriendo una vía para el ataque de nuevas plagas e infecciones.

“También una fuente y abrevadero para el ganado ha quedado seca al cortar las máquinas la circulación subterránea del agua que la surtía”, denuncian como otros daños en el ecosistema que está causando esta acción, y que se agravan con los numerosos residuos esparcidos por la pista, “incluso vertidos de aceite y combustible, y bidones medio llenos abandonados sin ninguna precaución, con el consiguiente riesgo de incendio”, añaden desde Fondo Natura.

Será tras la reunión de este lunes y en función de la respuesta obtenida por la DGA, cuando las diferentes asociaciones dedicadas al cuidado del medio ambiente que están implicadas en la paralización de la tala tomen una decisión al respecto, que pasa por cómo exigir el cumplimiento legislativo, y por tanto, que se apliquen las consecuentes sanciones sin no se está llevando a cabo.