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Los alcaldes del Pirineo cierran filas para exigir más ayudas a las zonas de montaña

La asamblea celebrada ayer también aprobó por unanimidad pedir el archivo de los expedientes por no depurar y compensaciones por los saltos hidroeléctricos.

La asamblea se celebró en el salón de actos de la Diputación de Huesca.
La asamblea se celebró en el salón de actos de la Diputación de Huesca.
Rafael Gobantes

La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) salió reforzada ayer al conseguir el apoyo unánime de los alcaldes en los tres frentes de batalla que tiene abiertos con el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por el recorte de ayudas a las zonas de montaña, los expedientes sancionadores contra los municipios sin depuradora y la incertidumbre sobre las compensaciones que recibirán los municipios que soportan saltos hidroeléctricos.

La asamblea se convocó con carácter extraordinario dada la "grave repercusión" de estos asuntos. Contó con la participación de representantes de 70 entidades locales, de todas las formaciones políticas, de un total de 108 que forman Adelpa. Los asistentes ratificaron por unanimidad los acuerdos planteados por la Ejecutiva. Su presidente, Pablo Castán, se mostró satisfecho por este respaldo, "que da fuerza a la organización para llevar los acuerdos a las instituciones". A su juicio, los tres son temas "de vital importancia" para el desarrollo del Pirineo sobre los que otras administraciones han tomado decisiones "que nos afectan gravemente".

Los alcaldes plantean, en primer lugar, un listado de medidas para garantizar la supervivencia de la agricultura y la ganadería de montaña. Adelpa quiere comparecer en las Cortes de Aragón para exponer allí sus reclamaciones, que pasan por obtener ayudas e indemnizaciones compensatorias destinadas a las zonas de montaña, para las que piden un tratamiento específico. Su sector primario, alegan, no puede competir con los de otros por sus limitaciones territoriales (falta de espacio) y geográficas (pendiente, altitud y climatología). "En el Pirineo, los costes son mucho mayores y la producción es mucho más reducida que en las zonas más llanas", señala el documento aprobado.

Entre las propuestas concretas están la modificación de un decreto de 2009 sobre instalaciones ganaderas para flexibilizarlo, puesto que resulta imposible cumplir con las distancias previstas dado el escaso suelo disponible; así como una reforma de la PAC que destine el 5% a zonas desfavorecidas.

La asamblea también aprobó exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro el archivo de los expedientes sancionadores por verter las aguas sin depurar, ya que la culpa de que no haya depuradoras es del Ministerio de Agricultura, del cual depende la CHE, y del Gobierno de Aragón, que comparten las competencias. Ahora mismo hay 14 ayuntamientos expedientados, pero según Pablo Castán, "pueden ser más, porque técnicos de la CHE están revisando los puntos de vertidos de otros muchos pueblos más pequeños". Al mismo tiempo, Adelpa exige a ambas administraciones la inmediata dotación de sistemas de depuración, ya que actualmente los proyectos de las plantas están paralizados.

Por último, se volvió a exigir que los rendimientos obtenidos por el Estado en la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o en las reservas de energía, se destinen, "en primer lugar y preferentemente", a la restitución económica y social del territorio que los genera. Adelpa, con el apoyo legal de la Diputación, ha recurrido un artículo del Plan Hidrológico de Cuenca que a su juicio priva de sus derechos a las zonas afectadas. Este artículo provocaría, según Castán, la pérdida de importantes ingresos a las arcas municipales.

La asociación acusa al Ministerio de dar "un trato de favor" a las empresas hidroeléctricas, "con un absoluto desprecio a los derechos de los ayuntamientos titulares de los terrenos donde se ubican las explotaciones, y a los habitantes del territorio que genera los aprovechamientos y sufre sus consecuencias negativas".

El alcalde de Bielsa, afectado actualmente por la reversión de dos saltos, reivindicó que se escuche a los ayuntamientos, que también son actores en estos procesos. "Tenemos que estar en la mesa donde se debata el futuro de estos saltos porque la afección la tiene el municipio", declaró Miguel Noguero. "Por ley y por lógica, el Gobierno de Aragón debería defendernos", añadió.

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