66 localidades del Pirineo todavía vierten a los ríos las aguas residuales sin tratar

La mayor parte de las localidades del Pirineo siguen vertiendo sus aguas residuales sin depurar, 23 años después de que el Estado declarara de interés general el saneamiento de los ríos pirenaicos y se comprometiera a financiar las obras. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la CHE, construyó algunas estaciones, como las de Jaca, Sabiñánigo o Campo, pero el convenio firmado en 2008 con el Gobierno de Aragón para que esta administración se hiciera cargo del Plan Integral de Depuración del Pirineo solo ha conseguido poner en marcha un 10% de las acciones previstas.

En total, hay 66 núcleos con depuradoras ya proyectadas que siguen esperando el inicio de las obras. En otros 112, más pequeños, la previsión es hacer algún tipo de tratamiento, también pendiente. Además, la revisión del plan en el 2014 dejó fuera, sin ningún tipo de actuación, a otros 84 pueblos con pocos habitantes.

De los primeros, el de mayor carga contaminante es Benasque. Su estación se diseñó para absorber las aguas residuales de 5.500 habitantes equivalentes (residentes, visitantes potenciales, negocios, industrias...) y continúa vertiendo al río sin depurar. De 2.000 o más están Cerler (4.000), también en la cuenca del Ésera; Aínsa (3.500) y Boltaña (3.000), en el Cinca y el Ara; Formigal (5.000), Panticosa (4.000), Sallent de Gállego (3.000) y Escarrilla (2.000), en el Gállego; y Villanúa (5.000), Candanchú (3.500), Canfranc Estación (3.500) y Hecho (2.100), en el Aragón.El convenio caducó en 2015

Los municipios del Pirineo llevan años denunciando la demora y ahora se enfrentan a una sanción porque la Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado expedientes contra 14, los de más carga contaminante. Según el organismo de cuenca, lo único que hace es aplicar la ley, "porque son vertidos no autorizados", sin entrar a analizar por qué no depuran. Recuerda que la vigencia del convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón acabó el 31 de diciembre de 2015.

El propio Instituto Aragonés del Agua (IAA) reconoce el grave parón de los proyectos y, lo que es peor, no se atreve a poner fecha para reanudar los contratos en ninguna de las cuatro zonas en que se ha dividido el plan. "Al llegar al gobierno nos encontramos con que los contratos de construcción estaban en vigor, pero la situación práctica era de parálisis", justifica su directora, Inés Torralba. Salvo en el Gállego (Zona P2), con 21 estaciones ya en marcha, entre ellas Biescas, en el resto "está todo por hacer, y por lo tanto por cumplir un compromiso que asumió el Gobierno de Aragón por encargo del Ministerio de Medio Ambiente", añadió.

En el caso de las depuradoras de la zona P1 (río Aragón), con Canfranc, Villanúa, Astún o Candanchú, la reanudación del contrato depende de los tribunales. La concesionaria, Acciona-Comsa, ha pedido la rescisión y 7 millones de indemnización. En la Zona P3 (Cinca y Ara) está a punto de aprobarse un modificado para separar Aínsa y Boltaña; y en la P4 (Ésera y Noguera-Ribagorzana), el parón viene por las discrepancias entre Benasque y Sahún, que también obligará a hacer cambios.

Según Torralba, en unos casos los concesionarios no han cumplido y en otros no se podían ejecutar los proyectos tal y como habían sido concebidos, pero las modificaciones no se tramitaron. Critica al anterior ejecutivo por ser "muy benévolo" cuando las concesionarias se quejaron de no tener financiación. "No se las forzó, no se les exigió el cumplimiento de los contratos. Ahora, aparentemente, hay una parálisis de la administración y el concesionario nos demanda y nos exige una indemnización", dijo refiriéndose al pleito en la P1.Otro recorte de un 20%

El listado inicial de 297 depuradoras se recortó en 2014. Pero el documento de revisión también está pendiente de tramitación (en fase de consultas previas de evaluación ambiental estratégica). El actual Gobierno se plantea si continua adelante con el mismo plan o lo reelabora con otros criterios en cuanto a la dimensión de las instalaciones, según el tamaño de las poblaciones y las nuevas tipologías de depuración.

La directora del IAA recuerda que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se reevaluaron los cálculos de la carga contaminante. Además, plantea dejar en manos de los ayuntamientos la pequeña depuración, con ayuda técnica y financiera de la DGA. Así, la lista se reduciría todavía más, en torno a un 20%. "Si algo bueno podemos sacar del estado de parálisis en que hemos encontrado esto es que aún tenemos margen para hacer cosas más razonables y ahorrar bastante dinero. Excluiremos, si podemos, instalaciones de escasísimo tamaño en poblaciones que se están quedando deshabitadas", concluyó.