La provincia de Huesca mantiene sin sellar cuatro vertederos ilegales, que, junto a otros 25 de toda España, incumplen las normas europeas sobre el vertido de residuos, según ha dictaminado en una sentencia reciente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Afectado por la misma figura también un quinto vertedero altoaragonés, que eleva la cifra global a 30 y que está situado en Fraga. No obstante, es el único de los oscenses que ha recibido una importante inversión para adaptarse a la legislación actual y por ello, sus responsables aspiran a detener el expediente sancionador iniciado.

Los otros cuatro vertederos de la provincia, que siguen sin cumplir la normativa, están situados en Alcolea de Cinca, Sariñena, Tamarite de Litera y Barbastro. En todos los casos, las administraciones responsables, que debían haber llevado a cabo el sellado de las instalaciones, alegan falta de recursos económicos y en muchos casos, se quejan de la falta de apoyo financiero del Gobierno de Aragón.

La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que ya advirtió de la situación irregular de estos vertederos y en 2014, fue la encargada de cursar la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El proceso está dirigido contra España, que podrá pedir responsabilidades a los gestores de cada uno de los 30 vertederos, que ya habían sido apercibidos para que fueran sellados y clausurados o en su caso, acondicionados.

La directiva marco a la que deben ajustarse data de 2001 y para ello tuvieron varios años de plazo, que, según dice la sentencia, España ha sobrepasado sin demostrar que las obras exigidas han sido ejecutadas. Todos son vertederos de residuos no peligrosos. Para solucionar este problema, Ecologistas en Acción solicita a la administración central una actuación "decidida y coordinada", que de soluciones a la falta de recursos de ayuntamientos y comarcas, tal y como señala uno de sus representantes en Huesca, Chesús Ferrer, que se queja de que "este tipo de actuaciones, que tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente, las personas y en definitiva, sobre la salud y otras actividades económicas, entre ellas, el turismo, siempre estén a la cola de las prioridades inversoras".

Aunque fuera del plazo límite otorgado (marzo de 2013), el vertedero de Sedasés, que está situado en Fraga, ha llevado a cabo las actuaciones requeridas, según explica el alcalde del municipio, Miguel Luis Lapeña. En este caso, la última inversión rondó los 275.000 euros y fue acometida durante el anterior mandato. El vertedero, que está destinado a escombros de obras menores, cuenta con la autorización del Inaga y la licencia municipal de actividad. Ahora mismo, está en desuso a la espera de que su titularidad pueda ser trasladada al Gobierno de Aragón. Tras recibir la comunicación oficial sobre la sentencia, Lapeña ha iniciado los trámites necesarios para demostrar la adecuación del vertedero y de este modo, poder paralizar el expediente sancionador derivado del proceso judicial. Para ello, enviará toda la documentación a la abogacía del Estado.Sin recursos

Los otros cuatro vertederos oscenses llevan años cerrados. No obstante, sus responsables dicen carecer de los recursos para completar el sellado y las medidas complementarias exigidas por Europa. En Sariñena, la gestión corresponde a la Comarca de Los Monegros, que se reunió de forma reciente con el consejero aragonés de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, al que pidieron ayuda económica para completar las actuaciones requeridas.

En una situación similar, está la Comarca de La Litera. En su momento, la institución colmató el vertedero, tapó las balsas y amplió las conducciones de lixiviados, pero aseguran que no pueden hacerse cargo de los más de 600.000 euros que les costaría el proyecto de sellado. Para ello, han recibido una subvención "ridícula en comparación con el coste", apuntó el presidente de la Comarca, Josep A. Chauvell.

La Comarca del Somontano también achaca el que no esté sellado su vertedero al incumplimiento del Gobierno de Aragón y en concreto, al departamento de Medio Ambiente que gestionaba el PAR, que, según explica su presidente, Jaime Facerías, se comprometió a destinar una partida que nunca llegó. El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca tiene la intención de sellar su depósito pero aún no tiene una fecha concreta para esta actuación.