Loporzano aprobó la noche del lunes la instalación de dos polémicas granjas de cerdos, en medio de las protestas de la denominada 'Plataforma Loporzano sin Ganadería Intensiva'. El alcalde, Jesús Escario (PP), fue abucheado a la salida, donde lo esperaban un centenar de vecinos y simpatizantes del movimiento opositor. Aunque desde la Plataforma aseguraron que salió escoltado por la Guardia Civil, él lo negó.

No es el único municipio donde han surgido asociaciones opuestas a las explotaciones porcinas en paralelo a la proliferación de solicitudes de instalación. El de Berdún, que ha recibido hasta siete peticiones, decidió el pasado mes de febrero frenar la tramitación. Por su parte, el Ayuntamiento de Jaca acaba de aprobar una moratoria de un año.

El pleno de Loporzano aprobó con los votos del PP y el PSOE y la abstención del PAR el envío al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) de la documentación sobre las dos explotaciones, una vez finalizado el periodo de exposición pública. Se han presentado numerosas alegaciones, pero los informes técnicos y jurídicos concluyen que cumplen la normativa en cuanto a distancias y gestión de residuos, según el alcalde. “Era un trámite de obligado cumplimiento. Había que incluir ese punto en el orden del día. No tomar el acuerdo hubiera sido prevaricar y nos arriesgaríamos a posibles indemnizaciones”.

Según explicó Escario, al acabar el pleno salió solo del ayuntamiento. “Quise hablar con ellos, pero me abuchearon. Entonces se acercó un guardia civil y se interesó por cómo estaba, pero yo en ningún momento temí por mi integridad”.

Sin embargo, la Plataforma lo interpretó de otro modo. En un comunicado, afirma que el alcalde “eligió” salir escoltado por un guardia civil que había sido requerido por el consistorio “antes del inicio de la concentración vecinal”. “Fue por elección suya y no porque existieran actitudes violentas entre los vecinos, que se concentraron de forma pacífica”. Corearon consignas como “No nos representáis” y “Vergüenza, vergüenza”, ya que consideran que el Ayuntamiento ha dado la espalda a este movimiento vecinal “sin precedentes en la zona”. La Plataforma presentó 30 alegaciones que inciden en la proximidad del territorio al Parque Natural de Guara y apuntan a la incidencia negativa sobre el creciente sector turístico de la zona.

Justificó que intentó sin éxito intervenir en el pleno para solicitar una suspensión cautelar de este tipo de licencias, tal y como han hecho algunos ayuntamientos de la provincia. Los opositores consideran que el pleno no aprobó dos explotaciones sino que dio el visto bueno a “un modelo de desarrollo insostenible que hipotecará el futuro del territorio, que impedirá el asentamiento de población y que dañará a actividades económicas ya existentes en el municipio”.

Según esta asociación, los concejales que votaron a favor de las granjas lo hicieron a pesar de no saber de dónde saldrá el agua (consumen casi 20.000 litros diarios). Confía en que el INAGA y la Comisión Técnica de Calificación emitan un informe desfavorable de ambos expedientes.

El hecho de que los proyectos no superen los 2.000 cerdos (en concreto son 1.999) obedece al tipo de permiso solicitado. Para este tipo de granjas es suficiente con una licencia ambiental de actividad clasificada. Si se supera el número se requiere una autorización ambiental integrada.

En opinión del alcalde, “se corre el riesgo de dividir a la población con estos procedimientos”. Por su parte, la plataforma lamenta que se estén primando los intereses particulares de unos pocos en detrimento del bienestar común y recuerda el grave problema de salud pública que suponen los purines.