Adelpa urge un cambio en el decreto que fija las distancias para evitar el cierre de granjas

Es un problema común del llano y de la montaña. La continuidad de cientos de granjas peligra ante la exigencia de aplicar la normativa para regularizar las explotaciones. Muchos propietarios de La Litera se ven abocados a cerrarlas cuando se jubilen porque no guardan las distancias mínimas con otras instalaciones ganaderas, en una zona con mucha actividad. En pueblos de la montaña la problemática es distinta, pero el resultado es el mismo. Es prácticamente "imposible" cumplir la separación al núcleo urbano, a ríos o a zonas protegidas. Por ello, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) urge al Ejecutivo Autonómico que modifique el decreto 94/2009 para adaptar los requisitos de las distancias a la realidad del territorio de montaña.

Ahora, hay cientos de granjas en un limbo legal. El plazo para la regularización de instalaciones inscritas hasta 1997 que no cumplen el decreto 200/1997 y sucesivas normas que lo han modificado (el 94/2009) acabó el 31 de diciembre. El Gobierno de Aragón sugirió a los afectados que presentaran una documentación para ganar tiempo, pero de nada les sirve si la normativa se mantiene y no tienen posibilidades de cumplirla. En este caso, pueden aspirar a un permiso "en precario", que solo les permite mantener la actividad hasta la jubilación y, por lo tanto, no pueden legarla a sus hijos. "Es un territorio de montaña y con el elevado grado de protección que tiene el ámbito de Adelpa, es imposible aplicar los mismos criterios que en otras zonas de Aragón con una realidad geográfica totalmente diferente, especialmente en lo que a distancias de las explotaciones de ovino y vacuno se refiere", apuntan desde la asociación.

Una pareja quería alquilar una granja vacía en Ansó para trasladarse al pueblo y vivir de la ganadería, pero el Ayuntamiento no pudo darle el permiso porque está cerca de otras explotaciones. Aunque varias están desocupadas, no pueden aprovecharlas para atraer población. "Es un problema importante", explica la alcaldesa Montserrat Castán. Solo podría conceder licencias en precario porque "el Ayuntamiento no puede saltarse la norma del Gobierno de Aragón", comenta. En el valle de Chistau, la orografía condiciona la ubicación de las explotaciones porque si cumplen las distancias al pueblo, a los cauces, a los caminos... podrían tener que ubicarlas a una altitud en la que la nieve les impediría ir a dar de comer a los animales. A pesar de todo, la alcaldesa de San Juan de Plan, Isabel Guillén, explica que los ganaderos están realizando un esfuerzo inversor para hacer adaptaciones. Con todo, muchas continuarán "en precario", si bien, en estos casos, no tienen sucesor.

Esta situación se la expuso Adelpa al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y al director general de Alimentación, Enrique Novales, en una reunión a finales de diciembre. Desde el Gobierno de Aragón se dio más tiempo pero insistieron en que las exigencias se mantienen. Muchos ganaderos no pueden cumplirlas. De hecho, la DGA desestimó las alegaciones presentadas por la asociación al decreto 94/2009.

En la zona baja de la Litera, sobre todo de Altorricón, Tamarite y Vencillón, los propietarios están inquietos desde que son conscientes de que no pueden transmitir la titularidad de sus granjas a sus herederos a causa del decreto 200/1997, que les obliga a cerrarlas una vez se jubilen porque no guardan las distancias mínimas. En la montaña, "el resultado de esta falta de adaptación a la realidad territorial, es la imposibilidad de regularización de muchas de las explotaciones de vacuno y ovino existentes, y por añadidura, de la implantación de explotaciones en el territorio", comenta Adelpa.

De este modo, "este sector, ya en total declive en el Pirineo, se encuentra abocado a su desaparición". La asociación recuerda que, según el estudio que realizaron sobre la ganadería en el Pirineo, entre los años 2000 y 2010, desaparecieron 512 explotaciones de ovino y vacuno en el Pirineo. "Este ritmo, que puede verse drásticamente acelerado por la aplicación del decreto 94/2009 y la imposibilidad de regularizar muchas de las explotaciones sobre las que la obligación de cierre, a la vista de esta norma, es una realidad a corto plazo".Carga para los ayuntamientos

Al mismo tiempo, Adelpa denuncia que "muchos ayuntamientos tienen ante sí la dura perspectiva de obligar a cerrar explotaciones, con el consiguiente agravamiento de la situación de este sector en el Pirineo", ya que parte de los trámites dependen de la administración local. En realidad, indican que no tienen ninguna capacidad de decisión fuera de los parámetros legales y obligaciones fijadas en el decreto, aunque formalmente es el ayuntamiento el que tiene que denegar la regularización al no cumplir los requisitos y obligar por tanto al cierre.

En este mismo sentido se han pronunciado los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca en un informe en el que exponen una serie de interrogantes para los que la norma no da respuesta. De este modo, "el Ayuntamiento se encuentra con el problema sustancial de decidir si autoriza o no el precario". El informe analiza las situaciones que se dan para concluir que sería preciso proceder a la modificación de la disposición transitoria segundo del decreto 94/2000 para que se clarifique el límite temporal de las instalaciones acogidas al régimen transitorio así como las condiciones que un ayuntamiento debe tener en cuenta para autorizar o no en precario estas instalaciones.