Los menores cometieron 84 delitos graves en 2015, una cuarta parte de violencia familiar

?El fiscal jefe de Huesca defiende que en el caso de Barbastro se ha actuado "con rapidez" y "de forma adecuada".

Felipe Zazurca, fiscal jefe de Huesca
Los menores cometieron 84 delitos graves en 2015, una cuarta parte de violencia familiar
J. Navarro

El fiscal jefe de Huesca defendió ayer la actuación judicial en el caso del conductor de 17 años de Barbastro que mató a un guardia civil, tras saltarse un control de carretera, y está ingresado en el Centro de Educación e Internamiento para Menores de Juslibol (Zaragoza), en régimen cerrado. Según Felipe Zazurca, se adoptaron las decisiones "que había que tomar", y además "con rapidez". "Hay quien opina que las medidas cautelares se deberían haber extendido a los otros menores. A cada conducta hay que dar una respuesta concreta, y no todos los que iban en el coche tuvieron la misma conducta. Tampoco tienen la misma edad, esto es importante", aclaró. Junto al conductor viajaban dos chicas de 17 y 14 años y un chico de 14.


La Fiscalía de Huesca tramitó el año pasado 84 infracciones penales por delitos graves cometidos por menores, de los que casi una cuarta parte (19) corresponden a violencia doméstica, es decir, agresiones a padres, hermanos u otros familiares. También hubo dos delitos de violencia de género, una agresión sexual, uno de abusos y 11 robos con fuerza, según los datos de la Fiscalía. A estos se suman 134 delitos leves (antiguas faltas). Las cifras son similares a las de ejercicios anteriores. No consta en los últimos años ningún caso de homicidio, como el cometido en Barbastro, aunque en los años 2013 y 2014 sí hubo once menores a los que se cogió conduciendo sin permiso.


Respecto al tratamiento penal de los menores y a las voces que estos días reclaman medidas ejemplares y castigos más severos, Felipe Zazurca recordó que no pueden equipararse a un adulto, "lo cual no quiere decir que no se tenga que ser duro". De hecho, al conductor acusado de arrastrar casi 500 metros al guardia José Antonio Pérez se le puede imponer una medida de internamiento de hasta 10 años. Incluso prolongarse en determinadas circunstancias, y a partir de una edad cumplirla en prisión. "De los centros de internamiento cerrado no se puede salir y hay vigilancia. La privación de libertad es lo suficientemente grave como para que no se pueda hablar de una respuesta ligera a un hecho de esta gravedad", precisó.

A juicio del jefe de la Fiscalía de Huesca, la actual ley de responsabilidad penal del menor permite "responder enérgicamente a un caso tan grave como este", sin olvidar que la Constitución consagra la rehabilitación como una de las finalidades de las penas, una cuestión "especialmente relevante" en la justicia de menores.


Será la Fiscalía la encargada de instruir el proceso contra los ocupantes del coche. Solo se han practicado las primeras diligencias y, según aseguró Zazurca, queda por delante un periodo para aportar pruebas e informes que permitan aclarar todas las circunstancias. "Debe de haber un tiempo razonable para investigar e instruir antes de imponer una sentencia. Estamos en un estado de derecho y aquí no se busca ejemplarizar sino aplicar a cada uno lo que en justicia le corresponde", señaló. No obstante, entiende la indignación popular ante "una muerte absurda, de una persona buena", muy arraigada en la ciudad. Esa indignación se expresó con especial intensidad el martes en Barbastro en una concentración que desembocó en una marcha hasta el ayuntamiento. Los asistentes reclamaron justicia y medidas ejemplares para los cuatro menores.Denuncia por un tuit

Por otra parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, ha denunciado ante la Guardia Civil a un internauta que celebró en la red social Twitter la muerte del agente, natural de esa ciudad. La concejal explicó a Europa Press que se ha decidido a interponer la demanda "a título personal" ante la "gravedad" del escrito, que vino en respuesta a un tuit de condolencia que ella escribió. La denuncia es por incitación al odio. Clara San Damián, que ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno, mostró su "firmeza" a la hora de "defender la actuación de agentes" que "velan por la seguridad de la ciudadanía".

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