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La Fundación del teatro Olimpia asegura que la DGA autorizó sus operaciones mercantiles

Los patronos se defienden de la denuncia del arquitecto Eduardo Cuello. Alegan que el Protectorado de Fundaciones respaldó créditos por 9 millones y la venta del cine Avenida.

Teatro Olimpia. En su rehabilitación se invirtieron 9 millones de euros y sobre el edificio pesó un crédito hipotecario de 4 millones que fue cancelado cuando se vendió el cine Avenida.
Teatro Olimpia. En su rehabilitación se invirtieron 9 millones de euros y sobre el edificio pesó un crédito hipotecario de 4 millones que fue cancelado cuando se vendió el cine Avenida.
Rafael Gobantes

La Fundación Anselmo Pié asegura que todos los créditos y la venta de activos realizados en los últimos años eran para sufragar el coste de la rehabilitación del teatro Olimpia, y que siempre contaron con la autorización de la dirección general de Interior del Gobierno de Aragón, de la que depende el Protectorado de Fundaciones. Sale así al paso de la denuncia del arquitecto responsable de las obras, Eduardo Cuello, que acusa a los dirigentes de la entidad sin ánimo de lucro de presuntos delitos societarios, de administración desleal y apropiación indebida.

En su declaración ante la magistrada del juzgado número 4 de Huesca, los patronos de la fundación, Manuel Pérez y Eduardo Estallo, defendieron la posibilidad de realizar actividades mercantiles, aunque sus fines sean el fomento del cine y el teatro, siempre con la supervisión del Protectorado. Este organismo dio permiso para suscribir en 2011 un crédito hipotecario de 4 millones con el Banco de Valencia, de cuya sucursal era director Manuel Pérez, avalado con el edificio del Olimpia. Según fuentes de la fundación, también se le autorizó a vender el antiguo cine Avenida a la constructora Brial, lo que supuso unos ingresos de 1,8 millones de euros.

La rehabilitación del Olimpia, ejecutada entre 2005 y 2008, acabó costando casi 9 millones. Para pagarla se utilizó dinero de las cuentas bancarias y la cartera de valores, pero la mayor parte salió de préstamos con el Banco de Santander, el Banco de Bilbao, La Caixa y el Banco de Valencia. La idea era sufragarlos con la venta del cine, pero la crisis inmobiliaria retrasó la operación y complicó las finanzas de la entidad.

Los abogados de los dos patronos han pedido el archivo de la denuncia, presentada el pasado diciembre. Atribuyen la acción judicial a los desacuerdos económicos con Eduardo Cuello. Este también instó hace unos días una demanda civil para cobrar los honorarios (360.000 euros) por el proyecto arquitectónico redactado en su día para derribar el cine Avenida y hacer un edificio de viviendas. Fuentes de la fundación aseguran que cuando la constructora Brial compró el solar, no llegó a un acuerdo económico con él y ejecutó otro proyecto. Se preguntan además por qué llega la denuncia ahora, cuando la rehabilitación concluyó en 2008.

Y es que entre la documentación investigada figura la última certificación de obras del teatro con 895.000 euros sin justificar. Según el arquitecto, se pagó a la constructora (Forcusa) sin la rúbrica de los aparejadores, quienes declararán ante la juez el 9 de marzo. Estos papeles se pusieron en conocimiento del Protectorado en 2014, que acabó remitiéndolos a la Fiscalía. Pérez y Estallo declararon en enero. Alegaron que los gastos de obra tenían el aval del arquitecto y correspondían a imprevistos surgidos, como la decisión de recubrir las molduras con pan de oro.

Las sospechas se extienden a una sociedad para la venta del Avenida, Promotora del Teatro Olimpia, con capital cien por cien de la fundación y también autorizada por el Protectorado. Se creó para evitar perder los beneficios fiscales si aumentaban los ingresos recibidos directamente por la entidad. Los casi dos millones recibidos de Brial, en noviembre de 2014, sirvieron para cancelar el préstamo de 4 millones (más 400.000 euros de intereses) con el Banco de Valencia, absorbido por La Caixa. La diferencia fue condonada, ya que a la entidad financiera no le interesaba ejecutar el aval y quedarse con un activo como un teatro, difícil de colocar en el mercado.

El juzgado ha solicitado documentación sobre la fundación a la Agencia Tributaria, a la Diputación de Huesca y al Ayuntamiento (por las subvenciones recibidas) y ha remitido un oficio a la Policía Judicial para que investigue los hechos.

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