El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) está revisando de oficio el informe medioambiental del polémico proyecto de construcción de una planta incineradora de biomasa en el término municipal de Monzón después de que en agosto, este mismo organismo del Gobierno de Aragón le diera su visto bueno al concederle la Autorización Ambiental Integrada. Este cambio de parecer se debe a que desde el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se presentó en el Inaga un informe recibido en diciembre por el área de cambio climático, de la Diputación General de Aragón.

A este informe, se añaden las consideraciones que ha presentado el actual equipo de Gobierno municipal, ya que se trata de un proyecto heredado por la anterior corporación al frentede la que estaba la coalición PP-PAR. Como explica el alcalde socialista, Álvaro Burrell, se optó por realizar unas puntualizaciones ya que no se encontraron argumentos para formular alegaciones. Del mismo modo, en dichas consideraciones se incluían también las alegaciones que Ecologistas en Acción no pudo presentar al encontrarse fuera de plazo. En las mismas, el ayuntamiento pedía que se tenga en cuenta la posible contaminación medioambiental y la cercanía al casco urbano, entre otras, ya que se sitúa a unos 600 metros del casco urbano.

La decisión del Inaga despierta suspicacias sobre todo entre la plataforma ciudadana en contra de la instalación de esta incineradora de biomasa. El portavoz y responsable de Ecologistas en Acción, Álex Serrano, considera que si el Inaga ha iniciado una revisión de oficio "es porque el expediente se hizo mal y no se puede poner una planta como esta a 600 metros ni a 1.400 metros". Por ello, Ecologistas en Acción presentará un recurso para pedir la nulidad del expediente por defectos del procedimiento, sobre todo por cuestiones urbanísticas relacionadas con su emplazamiento. Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón responden que la revisión de oficio se debe simplemente a que "se recibió mas información y se está estudiando", pero no se pronuncian sobre el fondo del asunto.

El alcalde de Monzón considera que esta nueva revisión tiene como fin esclarecer un asunto que ha creado una polémica y conmoción social en Monzón. De hecho, cada vez hay más voces que se pronuncian al respecto en un sentido u otro. "Al no poder entrar a estudiar las alegaciones de Ecologistas por estar fuera de plazo, y dada la alarma social que este colectivo ha generado, el Inaga quiere dejar el tema aclarado en lo que respecta al medio ambiente, y que nadie se quede con la duda de qué hubiese pasado si las alegaciones se hubiesen formulado en tiempo", explica.

Burrell precisa que "esta revisión de oficio no implica necesariamente que haya errores previos, más bien me parece que pretende dejar el tema claro". "Se ha dicho que esta revisión obedece a que en Las Palmas se ha denegado un proyecto similar, cuando la realidad es que en Las Palmas se ha rechazado porque simplemente no cumplía con la normativa", añade.

Camiones y ruido

Otra voz que se ha sumado a este debate es la del director general de Ordenación del Territorio, el montisonense Joaquín Palacín (CHA), que comparte la preocupación del barrio El Tozal, que teme las posibles consecuencias futuras como la destrucción de empleo agrícola tradicional (que se reconvertirían en cultivadores de biomasa), el aumento del tráfico de camiones pesados o las consecuencias por el ruido que se produzca de manera continua.

Los representantes de la empresa promotora aragonesa Solmasol I, del grupo Forestalia, mantuvieron esta semana una reunión con el alcalde, cuyo contenido no ha trascendido, para hablar del proyecto. La empresa espera pronunciarse en unas semanas, pero ahora quiere disipar dudas: "Forestalia está comprometida con el respeto y el cuidado del medio ambiente que es uno de los valores de la firma. Eso está fuera de toda la duda, vamos a cumplir con todas las exigencias de sobra. Si legalmente se nos exige 100 vamos a poner 110", explicaba un portavoz de la empresa.