Muchos propietarios de explotaciones agropecuarias de la zona baja de la Litera, sobre todo de Altorricón, Tamarite y Vencillón, están inquietos desde que son conscientes de que no pueden transmitir la titularidad de sus granjas a sus herederos a causa del decreto 200/1997, que les obliga a cerrarlas una vez se jubilen porque no guardan las distancias mínimas con otras instalaciones ganaderas.

Este es el caso del "90% de las granjas de Altorricón", asegura el presidente de la ADS de porcino, José Blanc, porque se trata de un término municipal reducido –32 kilómetros cuadrados– y, por tanto, con una alta densidad de granjas. Las explotaciones también son de pequeño tamaño y esto obliga a los propietarios a combinar las plantaciones con la ganadería, porcina o vacuna. En porcino la cabaña puede estar entre las 110.000 y las 120.000 cabezas, a las que habría que añadir las de vacuno, lo que supone un término salpicado de granjas, la mayoría de autoempleo con entre 500 y 2.000 animales.

El problema que ahora les acucia, y que tienen la esperanza de que antes o después se resolverá, proviene de la regularización de las explotaciones que por ley tuvieron que acometer en los pasados años, que puso fecha de caducidad a las granjas con la jubilación del propietario, circunstancia de la que no todos fueron conscientes en su momento. "Algunos al regularizar lo hicieron a nombre de sociedades y ahora no tienen problemas, pero la mayoría lo hicimos a nuestro nombre y ahora nos encontramos con que de momento no hay salida", dice Blanc. José Luis Lavilla, presidente de la Asociación Pecuaria Oscense, apunta que "la gente creyó que esta ley no se iba a aplicar, igual que se ha hecho con otras, pero resulta que han decidido que sí y van a dejar a mucha gente en la estacada si no rectifican".

Los alcaldes de estas localidades –a los que se ha trasladado la responsabilidad de realizar los trámites de cambio de titularidad– también están muy preocupados, como señalaba el de Tamarite de Litera, Francisco Mateo, ya que ven peligrar el futuro de sus pueblos, cuya economía está basada en este tipo de explotaciones agropecuarias, que en esta localidad podrían ser entre 70 y 80 las afectadas. Por eso, se han unido y ya tienen cita con la dirección general de Desarrollo Rural para estudiar una solución a un problema que todavía se ve pequeño pero que puede ir haciéndose grande a medida que se vayan produciendo jubilaciones.

La inquietud también la comparten los alcaldes de Altorricón, David Alonso, y el de Vencillón, Ramón Capel, quien calcula que medio centenar de familias se pueden encontrar en la situación de no poder transmitir su granja por no cumplir la normativa en distancias debido a la alta densidad de explotaciones que registra el municipio. Alonso dice no disponer de los datos de afectados, ya que está a la espera del informe del Inaga, aunque los ganaderos aseguran que son la mayoría de los pequeños.

Todos, políticos locales y ganaderos, están de acuerdo en que aquellas granjas que no respetan distancias a los núcleos urbanos han de cesar su actividad –porque son actividades insalubres–, pero piden una solución para todas aquellas que están diseminadas por el término municipal, son de pequeño tamaño y destinadas al autoempleo, porque se preguntan: "¿A quién molestamos?".