El Ayuntamiento de Huesca va a emprender un nuevo intento para conseguir la inclusión social de las familias de etnia gitana que viven en Loma Verde, en el camino hacia la ermita de Jara. Este asentamiento se ideó como primera fase de un proyecto cuyo fin último era el realojo de estas personas en viviendas del casco urbano. El proyecto se inició en 2002, pero 14 años después no se han conseguido los objetivo planteados. Hoy, entre casetas prefabricadas, chabolas y caravanas, viven allí unas 80 personas. De ellas, 55 son menores de edad.

El área de Servicios Sociales ha creado un grupo de trabajo para intervenir en este poblado, donde existe "una realidad de infravivienda con una complejidad social también importante", según reconoció el responsable municipal, Íñigo Aramendi. Se trata de buscar la mejor fórmula para la integración de un colectivo ubicado a más de un kilómetro de la ciudad, lo que también contribuye a dificultar su inclusión.

El concejal explicó que en estos momentos hay varias entidades que están trabajando con estas familias, con las cuales nunca se ha dejado de intervenir. El nuevo grupo del Ayuntamiento integrará a estas asociaciones así como al Secretariado Gitano, Cáritas, Educación y los propios Servicios Sociales.

Aramendi señaló que "se trata de definir cómo intervenir". La idea es plantear dos fases con la propia colaboración de esas 80 personas. En la primera se trabajaría con las entidades sociales y en la segunda entrarían otras áreas como Medio Ambiente o Urbanismo. "El proceso de inclusión tiene que ver con que haya unos buenos accesos hasta allí y con que los niños y niñas acudan al colegio", dijo. "Son ciudadanos de Huesca y no podemos permitirnos que exista ese gueto de infravivienda, por una cuestión de dignidad", añadió.

Aramendi aseguró que "el proceso no es corto" y admitió "que la situación es compleja y la resolución difícil". "También contaremos con la participación de la comunidad para establecer un compromiso mutuo", declaró. En el asentamiento de Loma Verde se construyeron nueve casetas para trasladar a las familias que vivían en las chabolas de la carretera de Apiés. Estas se derribaron y las 31 personas que las ocupaban se realojaron en el camino de Jara.

Proyecto fracasado

Pronto se vio que el proyecto no daba los frutos esperados. No se cuidaban las casas y se dejaban de pagar los alquileres, el agua y la luz. Lejos de reducirse, la población se incrementaba año a año y familias desgajadas de las primeras empezaron a construirse sus cobertizos. Hoy, de las 80 personas que viven allí, 19 lo hacen en estas construcciones ilegales. El deterioro social también ha aumentado.

Los propios trabajadores del área municipal reconocen el fracaso y demandan "un ejercicio maduro de autocrítica que permita reconducir la situación". En este sentido, apuntan que es necesario alcanzar un consenso técnico y político sobre las medidas que hay que tomar, ya que en caso contrario "la situación se va a seguir deteriorando y cada vez va a ser más difícil abordarla".