El candidato Podemos-AAeC Huesca admite estar imputado, pero no por corrupción
Jorge Luis Bail admite estar imputado por su derecho "a la libertad de expresión".
El candidato de la coalición formada en Huesca por Podemos y Ahora Alto Aragón en Común (AAeC), Jorge Luis Bail, ha admitido este miércoles estar imputado en una causa penal, pero ha subrayado que no es por "corrupción" sino por defender su derecho "a la libertad de expresión".
Bail ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante un paseo por la zona comercial de la capital altoaragonesa realizado para explicar las propuestas de la coalición para las próximas elecciones generales.
El candidato está imputado en una causa penal abierta por los incidentes registrados en octubre de 2012 durante una carga policial en la carretera de acceso a Artieda (Zaragoza), en la que un grupos de vecinos de la población y de la comarca se concentraron para oponerse al proceso de expropiación de tierras para el recrecimiento de Yesa.
Bail, que se enfrenta a una petición de más de 2 años de cárcel, ha explicado que existe una diferencia "fundamental" entre las imputaciones derivadas de casos de corrupción políticos, a los que ha tachado de ser una "gran lacra" para España, y las relacionadas con el derecho de las personas a "expresarse".
Ha destacado que la concentración en la que participó fue "absolutamente pacífica", y que las personas que tomaban parte en dicho acto reivindicativo "sufrieron" una carga policial "injustificada".
El candidato ha asegurado contar con el apoyo de la dirección de su partido al no tener su imputación "nada que ver" con casos de corrupción, prevaricación o cohecho, sino con "la libertad de un ciudadano a expresarse con libertad y a ejercer sus derechos".
Bail, cuya presentación oficial como candidato se producirá mañana, es una de las ocho personas que fueron imputadas formalmente por los hechos registrados durante la carga policial y acusadas de presuntos delitos de resistencia, atentado y lesiones a agentes de la autoridad.
La causa, en la que se plantean penas de 2 a 6 años de prisión y multas que suman más de 22.000 euros, fue instruida por un juzgado de instrucción de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y está pendiente de juicio en un juzgado de lo penal de la capital aragonesa.
