La DGA denuncia a varios escaladores por la apertura de vías ilegales en Guara
Agentes de Protección han requisado material mientras la orden para regular la actividad sigue sin publicarse. La Fundación del Quebrantahuesos y Seo/Birdlife alertan de la existencia de cientos de trazados sin autorización.
La vías detectadas se encuentran en las inmediaciones de Rodellar, una zona que está considerada como uno de los mejores sitios de Europa para la práctica de este deporte. Precisamente en respuesta a este boom, ya se ha trabajado en los últimos años para regular la escalada en Guara, donde se calcula que hay unas 1.500 vías, de las que entre el 80 y el 90% son ilegales. De hecho, la orden que marca las normas se sometió en primavera al periodo de exposición pública, pero todavía no está aprobada.
Ante esta parálisis, las organizaciones conservacionistas Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y Seo/Birdlife han alertado al Gobierno de Aragón de la existencia de cientos de vías de escalada sin permiso. Concretamente, denuncian que hay 55, anunciadas en guías, que carecen de las autorizaciones pertinentes. "Es una llamada de atención para que se publique la orden" en el Boletín Oficial de Aragón, explica el presidente de la FCQ, Juan Antonio Gil.
Estas organizaciones forman parte del Patronato de Guara, al igual que la Federación Aragonesa de Montaña, que participó especialmente en la redacción de la orden, en la que también colaboraron los citados grupos conservacionistas, así como el Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil (Greim). Por ello, "no entendemos por qué sigue sin publicarse la orden", indica Manuel Bara, presidente de la asociación Peña Guara y representante de la FAM en el organismo de gestión del parque.
Por su parte, el Gobierno de Aragón resalta que tras pasar el periodo de información pública, "se está ultimando la cartografía con las zonas de regulación de la escalada, para acomodarlas a los estándares de la Norma Cartográfica de Aragón". Además, está pendiente del informe de los Servicios Jurídicos de Presidencia, "tras lo cual se procederá a su firma y publicación en el BOA", aseguran desde el departamento. En el texto, se determinan las llamadas zonas de tranquilidad para las aves, en las que se fijan las limitaciones para que la práctica no perjudique a la fauna.
Además, la consejería continúa con las investigaciones y se espera que en breve sean identificados más escaladores como presuntos responsables de la apertura de otras vías para cursar la denuncia ante los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Al mismo tiempo, se ha decomisado abundante material utilizado para esta tarea como un taladro, un casco, cuerdas de escalada, arneses, mosquetones... Instrumental que se encuentra depositado en las dependencias de los APN de Barbastro. De hecho, estos últimos han localizado algún vídeo y páginas web en internet en las que explicaban los pormenores del equipamientos de las vías.
Las denuncias son el resultado de la intensificación de la vigilancia "para evitar que las prácticas ilegales llevadas a cabo por unos pocos puedan empañar la imagen de un colectivo que siempre ha apostado por el medio natural y su conservación", señalan desde la consejería de Desarrollo Rural en alusión a los APN.
Al margen de que la orden todavía no esté aprobada, el Gobierno de Aragón recuerda que la apertura y el equipamiento de cualquier vía de escalada en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara precisa de una autorización de la dirección, dependiente del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
La instalación sin permiso de cualquier tipo de anclaje permanente en la roca, constituye una infracción recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de uso y Gestión. Además, resalta que la apertura de vías sin control "puede perjudicar de manera seria" la supervivencia de determinadas especies de fauna y vegetación, algunas de ellas endémicas.
De ahí, que se redactara la orden. Además de la normativa específica, el Código Penal contempla penas en el supuesto de que se realicen actividades que dificulten la reproducción de especies amenazadas.
