El balance de las atenciones sanitarias de pacientes desplazados o de zonas limítrofes es negativo para Aragón. De acuerdo con los datos de 2014, si desaparecen los fondos estatales, la DGA debería abonar alrededor de 6 millones de euros. Así lo aseguró ayer el consejero aragonés de Sanidad, Sebastián Celaya, en su visita a la ciudad de Fraga, en la que se reunió con una delegación de alcaldes y presidentes comarcales del Bajo Cinca, La Litera y Ribagorza, que ya habían mantenido un encuentro previo con su homólogo en Cataluña, Boi Ruiz, hace justo una semana.

Al igual que este último, Celaya llegó con un objetivo claro: lanzar "un mensaje de tranquilidad" a los 40.000 vecinos de la zona oriental de Aragón, a los que aseguró que seguirán siendo atendidos en los centros catalanes a los que están unidos por cuestiones de "cercanía y vecindad". Y además, como el consejero catalán, insistió en que esta cuestión está por encima del modelo de financiación de los gastos derivados de estas atenciones.

A las puertas de unas nuevas elecciones generales, la forma de compensar estos costes está en el aire. Hasta ahora, existía el Fondo de Cohesión Sanitaria, que fue creado en 2001 y que ha desaparecido de los presupuestos estatales de 2016. Su dotación ha ido cayendo de forma drástica durante los últimos años. Ahora mismo, existe un Real Decreto, impulsado por el Gobierno central, que propone que cada comunidad presente un balance de atenciones, lo que permitirá obtener un saldo a abonar o recibir. Después, la liquidación se realizaría a través del dinero que cada una recibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso de Aragón, tendría que abonar esos 6 millones. Ahora bien, el Real Decreto todavía debe ser aprobado y, por ejemplo, con unas elecciones de por medio, las comunidades del PSOE abogan por recuperar el Fondo de Cohesión Sanitaria, según recordó Celaya, que, al mismo tiempo, estimó que el debate generado está relacionado con los propios comicios e, incluso, con la voluntad "de enfrentar a las comunidades". De una u otra forma, el consejero declaró que la cuestión financiera debe ser resuelta a nivel político y en ningún caso, debe afectar a la atención de los pacientes aragoneses en Cataluña.

"No tiene que haber ningún problema, los ciudadanos deben ser atendidos y las comunidades ya nos pondremos de acuerdo entre nosotras", subrayó. De hecho, se comprometió a enviar una carta reafirmando su compromiso e, incluso, una circular a los responsables de los centros sanitarios con el fin de "aclarar el protocolo existente" y en este sentido, garantizar que los pacientes de la zona oriental puedan elegir entre ser derivados al hospital de Barbastro o al existente en Lérida, que es la opción más demandada por proximidad, relaciones familiares e, incluso, económicas. Para evitar la aparición de cualquier problema, Celaya aseguró que transmitirá unas órdenes "muy claras".

Asimismo, reafirmó que cualquier dificultad debe ser resuelta en la comisión de seguimiento del convenio en materia de sanidad firmado entre Aragón y Cataluña en 2005, que, al estar a las puertas de cumplir diez años, "será renovado cuando haya un gobierno estable en la comunidad vecina", señaló Celaya. Explicó que había hablado justo antes del encuentro con el consejero de Sanidad de la Generalitat, que reafirmó su voluntad de garantizar la asistencia de pacientes aragoneses.

Para la población de la zona oriental, el centro de referencia es el Arnau Vilanova de Lérida, en el que la actividad de pacientes aragoneses generó 7,1 millones de euros de gasto en 2014, según datos de la Generalitat. Aunque en menor medida, Aragón también atiende pacientes catalanes e, incluso, de otras comunidades como La Rioja, Soria o Valencia, lo que permite rebajar el saldo a los 6 millones.

Para Celaya, todavía sería posible reducir más esta cantidad. Por un lado, advirtió de que hay atenciones en centros aragoneses sin contabilizar y, al mismo tiempo, es necesario potenciar más las prestaciones del centro de alta resolución de Fraga, que fue inaugurado hace seis años y que está lejos de su máximo rendimiento, lo que posibilitaría la atención de un mayor número de personas de la comarca natural del Bajo Cinca, en la que se incluyen varias poblaciones catalanas.

El edificio, de 9.000 metros cuadrados, cuenta con espacios "infrautilizados", apuntó el alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña. Destaca el área de Salud Mental, que se limita a tres consultas semanales o la falta de uso de los boxes de reanimación o postoperatorios. Tampoco ha sido equipada ni estrenada la sala de hemodiálisis. La zona de hospitalización solo oferta 20 camas de las 32 disponibles. Celaya se comprometió a potenciar sus prestaciones.