Huesca

La reclamación de bienes de Sijena a Cataluña se juzga esta semana en Huesca

La demanda solicita la nulidad de las ventas realizadas por las monjas al Gobierno catalán y al MNAC.

La reclamación de bienes de Sijena a Cataluña se juzga esta semana en Huesca
RAFAEL GOBANTES

La reclamación civil de los bienes del Monasterio de Sijena vendidos a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) se verá este viernes en un juicio que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca.

La demanda fue promovida por el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena para instar la nulidad de los tres contratos celebrados en 1983, 1992 y 1994 a través de los cuales la Orden de Monjas Sanjuanistas vendieron al Gobierno catalán y al MNAC 97 piezas del patrimonio histórico del cenobio, Monumento Nacional desde 1923.

Los demandantes consideran nulas las ventas ya que la de 1983 se formalizó sin informar al Ministerio de Cultura, y las dos siguientes sin dar cuenta al Gobierno aragonés, que ostentaba entonces las competencias en materia de patrimonio.

Argumentan en sus respectivos escritos que los bienes vendidos forman parte de una unidad "indivisible" vinculada al propio monasterio, y que la venta debió de ser comunicada a las administraciones competentes al afectar a bienes protegidos.

Por su parte, los demandados consideran que los contratos formalizados son de naturaleza "personal" entre las dos partes que los suscribieron y "legítimos" desde un punto de vista jurídico.

Una de las cuestiones que suscitaron mayor debate durante la vista preliminar celebrada el pasado mes de noviembre para presentar alegaciones y peticiones de pruebas está referida a la valoración actual de los bienes reclamados.

En dicha vista, la responsable judicial circunscribió su valor al precio establecido en los contratos de compraventa, alrededor de 300.000 euros.

Esta cantidad fue motivo de protesta por parte de los letrados de la Generalitat y del MNAC, que cifraron el valor actual de los bienes, en el supuesto caso de una sentencia que obligara a su devolución, en 2,4 millones de euros.

Esta pretensión fue rechazada por la juez, que, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo una nueva tasación en ejecución de sentencia.

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