Jueces y fiscales urgen reformar la ley procesal de 1882 para combatir "la nueva delincuencia"

Los jueces y fiscales que ejercen en la provincia aparcaron por una vez las reivindicaciones domésticas en el acto oficial de Apertura del Año Judicial, celebrado ayer en el nuevo Palacio de Justicia de Huesca, y se centraron en reclamar reformas legales de gran calado para poder combatir la "nueva delincuencia". Entre ellas, urgieron modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882 "y está fuera de lugar y de época ya que hace tiempo que no puede dar satisfacción a las exigencias de un panorama social y jurídico que especialmente en los últimos 25 años ha cambiado radicalmente". 

Tanto el presidente de la Audiencia, el magistrado Santiago Serena, como el fiscal jefe provincial, Felipe Zazurca, hicieron suyas las críticas a la ley procesal que lanzó esta misma semana el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, manifestando que "está pensada para el robagallinas pero no para el gran defraudador ni los casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción".

Así, por ejemplo, Zazurca achacó a esta ley parte de las repetidas críticas que se escuchan sobre la "lentitud" de la Justicia y por ello reclamó una ley "que permita trabajar un proceso penal ágil, garantice la independencia de jueces y tribunales y dé garantías de imparcialidad al Ministerio Fiscal". 

Mientras, Serena reconoció que con la ley procesal actual "las instrucciones son muy largas y eso crea un estado de opinión en que parece que no se llega a ninguna parte". Además, aseguró que aunque en el siglo XIXfue una novedad, presenta numerosas carencias "porque cuando el presidente del Supremo dijo que estaba hecha para el robagallinas se refería a que estaba diseñada para un modelo de criminalidad muy concreta y muy diferente al del siglo XXI, porque ahora saltas de una provincia a otra o de un país a otro por movimientos de personas, de dinero o de drogas con gran facilidad y tampoco debía de haber juicios con 15 acusados como ahora salvo por algún motín".

Ambos coincidieron también en sus discursos en hacer una defensa de la imparcialidad de jueces y fiscales. Felipe Zazurca admitió que en gran parte de la sociedad existe la sensación de que la ley no es igual para todos, aunque recalcó que "en 28 años que llevo en la carrera no he visto jueces y fiscales que se hayan dejado condicionar por presiones provenientes del poder, sea el que sea. Esto no quiere decir que no haya podido haber, pero al menos puedo apostar que no es ni de lejos la regla común". 

El fiscal jefe, no obstante, pidió reformas para garantizar esa igualdad, entre ellas, una modificación "sustancial y razonable" de la ley de tasas "que supere las piedras colocadas en el camino por la aún recientemente dictada""; una regulación de los aforamientos "que los reduzca y los plantee de una forma que ni siquiera aparenten privilegios"; y dotar al Ministerio Fiscal de medios para poder investigar "sin limitación ni obstáculos aquellos delitos que en la actualidad pueden parecer casi una quimera perseguir". "Necesitamos medios para equilibrar fuerzas con tantos malos que siempre parecen ir por delante", insistió Zazurca. 

El presidente de la Audiencia Provincial, por su parte, afirmó también que la "impresión" que existe en la sociedad de que la Justicia es desigual "no se ajusta a la realidad, y basta con seguir las noticias para ver que personas con especial relevancia pública han resultado condenadas o están siendo enjuiciadas". Efecto disuasorio de las tasas

Por otra parte, Santiago Serena presentó un balance de la actividad judicial de 2013 destacando el descenso de los recursos civiles de apelación ante la Audiencia, que cayeron un 25% respecto a los dos años anteriores, algo que achacó a la crisis y sobre todo a la nueva ley de tasas "porque muchas veces hay que pagar unas cantidades tan grandes que pueden tener efecto disuasorio".

También resaltó el aumento de los asuntos del Juzgado de lo Social, que por primera vez superó la barrera del millar de causas (1.092). A este respecto, advirtió de que este órgano lleva varios años rebasando los 900 asuntos cuando el máximo de carga de trabajo está establecido en 700.

Jueces, fiscales, abogados, procuradores y responsables políticos volvieron a elogiar las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia "porque nos permite trabajar en mejores condiciones y terminar de una vez con la dispersión de órganos judiciales que solo suponía inconvenientes", dijo Zazurca. Además, Serena valoró la creación ya confirmada para principios de año del demandado Juzgado de lo Penal número 2.